El reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado y las violencias basadas en el género cometidas en contra de personas adultas dentro de las antiguas Farc, hacen parte ahora del trabajo a desarrollar por parte de la Jurisdicción Especial para  la Paz (JEP).

Ambos aberrantes hechos tienen que ser examinados con la mayor claridad por los daños hechos a la sociedad, la mayoría imborrables, porque por ejemplo quien va a olvidar tan fácilmente que cuando iba para la escuela o el colegio lo forzaron a tomar otro rumbo y terminar metido de lleno en una guerra que no es la suya.

Hacerles dejar el pupitre, el cuaderno y el libro por un arma para dejar las matemáticas por el adoctrinamiento o el español por las clases para aprender a manejar estrategias de guerra, es una flagrante violación de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Este momento debería servir para abrir una deliberación con la participación de la misma ONU y de organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, representantes de las víctimas, el Gobierno y la propia JEP para que haya algo más contundente por hacer para detener ese indetenible mal, que sigue extendiéndose sin control alguno.

Estamos hablando de lo ocurrido con una organización armada que en 2016  firmó el Acuerdo de Paz, y hoy, entre otras cosas, la disidencia que surgió de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo persisten en el ilegal reclutamiento.

UNICEF, en un informe recordó que  la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en su capítulo de niñez “No es un mal menor” y la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del macro caso 07 han evidenciado que, durante el reclutamiento, los niños, niñas y adolescentes han sido expuestos a otras vulneraciones, como violencias sexuales y reproductivas, torturas, malos tratos, homicidios, desapariciones forzadas, entre otros.

En el marco de la contrastación que se adelanta en el Caso 07, se busca determinar si la relación personal de la  excongresista Sandra Ramírez con Manuel Marulanda Vélez, quien fue fundador y máximo comandante de las Farc-EP, en conjunto con las funciones que desempeñó y su trayectoria dentro de la organización, le confirieron una posición de poder respecto a otros integrantes de las filas, y, de ser así, cuál fue su alcance efectivo.

Esas claridades son indispensables al igual que proceder a encontrarle una solución a esta dramática y grave violación que no puede seguirse permitiendo en Colombia, que en el futuro verá sus consecuencias.

Esperemos que también haya acciones en cuanto a  hechos de violencia sexual, que podrían configurar violación, esclavitud sexual y otros actos sexuales violentos perpetrados por exintegrantes de las Farc-EP, particularmente contra mujeres heterosexuales, cisgénero y mayores de edad que también pertenecían a esta antigua guerrilla, al igual que abortos forzados y violencias por prejuicio contra personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa..

Es que todo eso en conjunto debiera convertirse en un compendio que sirva para advertirles a los grupos ilegales que persisten en la lucha armada en Colombia, que no tendrán escapatoria y que de alguna manera deberán responder ante la sociedad y las víctimas por esa clase de actuaciones, lo mismo que  para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. 

Lo importante es que digan la verdad, porque hechos como el del reclutamiento infantil y la violencia sexual no pueden ni deben quedar cubiertos por el manto de la oscuridad.

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