La población migrante venezolana y los colombianos retornados se quedaron, en Cúcuta, sin el Centro Intégrate, que se había convertido en un espacio fundamental para ellos.

Al ser clausurado por la extinción del Ministerio de la Igualdad, perdieron un lugar que los orientaba para avanzar en los procesos de regularización migratoria, así como para el acceso a los servicios de educación y salud, empleo y otros.

Teniendo presente la particularidad de Norte de Santander por estar en la frontera más viva de América Latina, quedarse con los brazos cruzados no debe de ser la opción y hay que actuar bien, sea desde la institucionalidad nacional, departamental o municipal.

Hasta el momento ninguna de esas instancias se ha pronunciado, y lo cierto es que un programa como ese que estaba generando resultados tangibles no debe desaparecer.

Una opción temporal podría consistir en que la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación mantengan abierto dicho lugar, mientras la Cancillería y Migración Colombia toman una decisión de fondo.

Algo por el estilo se determinó en Medellín. Allá sigue funcionando en el mismo espacio, pero con personal de la administración municipal y otros socios.

Y si esto lo hicieron en la capital de Antioquia, ¿por qué no actuar de forma similar aquí donde el flujo migratorio es incesante? Recordemos que Norte de Santander y Cúcuta hacen parte de un territorio con vocación de permanencia, pero también de tránsitos, entradas y salidas constantes por los puentes internacionales.

Teniendo en cuenta que la mejor manera de demostrar los beneficios es ponerle rostro humano, hay que decir que al cerrarse el Intégrate, todo vuelve al pasado en que un ciudadano venezolano en busca de refugio no tenía un punto en el que encontraba la ruta institucional para los trámites a seguir.

Al desintegrarse esa facilidad muy seguramente se les volverá a ver en la Defensoría del Pueblo, en la Personería, en las alcaldías o, en el peor de los casos, podrán convertirse en potenciales víctimas de tramitadores corruptos, que aprovechando el vacío, les ofrezcan su intermediación a cambio de dinero.

Dentro del contexto que permite poner en blanco y negro esta situación, debemos indicar que en Colombia residen 2.8 millones de venezolanos con vocación de permanencia, advirtiéndose que unos 800.000 se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, primero porque no cuentan con el documento para identificarse en el país y luego por los anuncios gubernamentales de deportar indocumentados.

Y fue ahí donde la importancia del ahora clausurado Centro Intégrate se reactivó, cuando cientos de personas fueron en búsqueda de información sobre los trámites para dejar de lado su irregularidad, cuestión que por ahora quedó en el limbo.

Para terminar, el siguiente relato de una venezolana procedente de Barinas sirve de corolario sobre lo que podrá suceder ahora que desapareció esa infraestructura de atención especializada: “Los primeros días estaba desorientada, tenía dónde quedarme porque una amiga me recibió; pero ni ella sabía a dónde debía ir para hacer lo del refugio. Entonces, en Migración Colombia me enviaron al Intégrate donde recibí la atención que necesitaba”.

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