El regreso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso puede ser la gran opción para que Colombia cierre un sangriento capítulo del conflicto armado o convertirse en un espectáculo mediático politizado, en el que las víctimas, su dolor y sus pérdidas terminen siendo utilizadas irregularmente, con fines non santos.
De Mancuso, quien comandó en Norte de Santander el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, se espera que en su paso por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumpla los compromisos de ofrecer verdad, reparación y no repetición.
En el departamento y la frontera colombo-venezolana la gran expectativa se centra en su compromiso de ayudar a encontrar las fosas comunes binacionales en que fueron sepultadas cientos de personas asesinadas.
¿Cómo lo cumplirá? Mancuso firmó un memorando en el que asegura su compromiso para contribuir activa y decididamente en la búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas desaparecidas, cuyo propósito es la de reconstruir los hechos, dar con el paradero de las víctimas y avanzar con la reparación.
Los hornos crematorios de Juan Frío, en Villa del Rosario, que condujeron a elevar el nivel de las atrocidades perpetradas, es un episodio que necesita del relato y respaldo efectivo de Mancuso, en su calidad de jefe de las AUC en la zona, donde operaba el Frente Fronteras, estructura que dependía del Bloque Catatumbo.
Familiares de muertos y desaparecidos en la región, así como organizaciones defensoras de Derechos Humanos y la sociedad en general merecen respuestas más concretas y precisas sobre los financiadores del paramilitarismo en el departamento, todos sus tentáculos políticos, empresariales y sobre las tierras y otros bienes producto del despojo.
De lo que aquí surja, habría que adoptar un procedimiento especial para recabar, contrastar, investigar y verificar lo que alias el Mono revele, pero igualmente es indispensable manejar esto con pinzas, para el tratamiento de las delaciones o señalamientos, porque es indispensable que también se precise que no tengan el objeto de presionar con determinados intereses.
La ciudadanía esperaría que la designación por parte del presidente Gustavo Petro del excomandante paramilitar colombo-italiano como gestor de paz tiene que conllevar a que realmente cuente la esperada verdad, y no se constituya en un factor de beneficios para quien permaneció detenido en Estados Unidos durante más de quince años, donde fue extraditado por narcotráfico.
En este caso, al Gobierno Nacional le corresponde hacer precisiones y arrojar claridades sobre la agenda que se va a manejar en el caso de Mancuso, teniendo presente que fue un poderoso señor de la guerra de los años noventa y de principios del siglo XXI.
Las dramáticas cifras así lo confirman. A Mancuso se le señala de dirigir 139 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas, además de desplazamientos y secuestros. El Bloque Catatumbo de las AUC, durante el proceso de paz, reconoció haber cometido 12.427 homicidios, 375 desapariciones forzadas, 22 abusos sexuales, 38 torturas y miles de desplazamientos entre 1999 y 2004, en Norte de Santander.
Por lo tanto, ni el Gobierno ni la JEP ni Justicia y Paz (ante la que debe responder por 42.466 hechos criminales) ni la justicia colombiana le pueden llegar a extender ninguna clase de favorecimiento, aparte de la necesaria seguridad, sino reclamarle que cumpla a cabalidad los compromisos adquiridos de entregar pormenores del conflicto y de reparar a las víctimas.
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