En un gráfico aparecen 22 departamentos en los que se advierten notables reducciones en las asignaciones presupuestales por parte del Gobierno Nacional para las inversiones en las regiones durante 2025.

Según las advertencias de sectores de la oposición, no desmentidas hasta el momento desde la administración del presidente Gustavo Petro, por ejemplo para el año entrante se vendrían recortes de hasta el 37,4% para Sucre, del 26,3% para Santander y del 13% para Norte de Santander, de los recursos nacionales con ese propósito.

Lo grave para departamentos como el nuestro y regiones como el Gran Santander, es que de producirse dichos tijeretazos, diversos programas y proyectos podrían quedarse truncados, suspendidos o desfinanciados, definitivamente.

Varios hechos generan ese riesgo de probable reducción en el presupuesto de inversión para las regiones y que desde ya ha despertado inquietudes entre las administraciones departamentales al igual que de diversos congresistas porque importantes iniciativas locales quedarían huérfanas del necesario apoyo financiero nacional.

Uno tiene que ver con el hecho nunca antes visto en Colombia de que un presidente tenga que adoptar por decreto el presupuesto, como sucederá en esta oportunidad al ser hundido el proyecto gubernamental, en otro acontecimiento sin precedentes, en el Congreso de la República.

Como en esta oportunidad no habrá el debate en las comisiones económicas de Cámara y Senado y luego en las plenarias, pues quedaron cerradas las opciones de introducir proposiciones a lo largo de la deliberación en el Legislativo y así mejorar las partidas para el presupuesto regionalizado.

En este panorama en que el tiempo corre y la opción de consensos y de alternativas en el Congreso parecen agotadas definitivamente, el jefe de Estado será quien expida el respectivo acto administrativo para determinar el Presupuesto General de la Nación para 2025, cuyo monto igualmente ha desatado controversias, al igual que las consecuencias de la que llaman dictadura fiscal.

En este nuevo escenario, desconocido hasta el momento en Colombia, porque algo así no había ocurrido, se esperaría que por lo menos Planeación Nacional tenga presente a los departamentos en la elaboración del presupuesto y no les aplique ‘castigos’ que finalmente terminarán afectando a los sectores más desprotegidos de la población.

Por el momento, la única referencia directa fue la del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X donde da a entender que esos recortes serían no tendrían vuelta atrás, señalando que esto se debe al aumento en el gasto para el pago de la deuda que dejó el Gobierno Duque: “Por eso la ley de financiamiento es fundamental y necesitamos del apoyo de los gobernadores... (Esta) no establece impuestos sobre la clase trabajadora o sobre los sectores medios y medios altos de la población. Se centra en el impuesto a los superricos (...)”.

Como si fuera poco, también podría ocurrir un incumplimiento en las metas del Plan Nacional de Desarrollo que, en la práctica significaría que muchas obras y planes en numerosas zonas del país podrían quedar en peligro de ser congelados definitivamente.

Habrá que esperarse que el Ejecutivo y el Legislativo lleguen a una especie de ‘tregua’ para sacar adelante alguna estrategia que impida que las regiones terminen pagando las consecuencias de estos desencuentros y de proyectos como la reforma tributaria que ocasionó, en buena medida, el descalabro gubernamental para la tramitación del paquete presupuestal.

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