El desentrabamiento de la reforma pensional en el Congreso de la República ha llamado la atención puesto que  se da en medio de duros enfrentamientos entre el presidente de esa corporación, Iván Name, y el jefe de Estado, Gustavo Petro, el hundimiento de la reforma a la salud y el debate armado en torno a la constituyente.

Como en este aspecto se vio una movida inesperada como fue el acercamiento entre la Casa de Nariño y un grupo de senadores del Partido Liberal para lograr unas mayorías en torno a esta iniciativa, surgió la advertencia de que la ‘mermelada petrista’ pudo haber hecho el milagro.

Ambas partes se han apresurado a señalar que no es cierta ninguna componenda burocrática y que los acuerdos van dirigidos a que el hueco pensional merece una discusión para salvaguardar la pensión de los colombianos y de los jóvenes.

Es así como el  senador nortesantandereano Alejandro Carlos Chacón aseguró: “creemos que tenemos las mayorías y esperamos que el Gobierno, en esta etapa del Senado, mantenga el acuerdo que hemos hecho con ellos, como nosotros hemos mantenido el hecho de acompañar una reforma para acabar el hueco fiscal que existe en el presupuesto de más de $67 billones”.

De esa cita en la Casa de Nariño, en medio de un almuerzo, dentro de los puntos en que el Gobierno Nacional cedió para darle oxígeno a la pensional, se encuentra la reducción del umbral a partir del cual se debe cotizar en Colpensiones de 3 a 2,3 salarios mínimos.  

Este asunto que fue uno de los puntos vitales para amarrar los votos del liberalismo, recibió cuestionamientos desde el sector de los fondos de pensiones y por parte de una de las centrales obreras del país.

Asofondos, por ejemplo, lanzó críticas, al considerar la medida de insuficiente para abordar el hueco fiscal e insistió que en  el país el sistema pensional debe basarse en el ahorro, argumentando que dejar una gran deuda a futuras generaciones es inevitable si no se ajusta el umbral de cotización. La propuesta desde ese sector es mantener un umbral de cotización obligatorio al régimen público administrado por Colpensiones, de un salario mínimo.

Y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es de la consideración que reducción acordada afectará significativamente a un amplio sector de trabajadores, disminuyendo su capacidad adquisitiva y profundizando el empobrecimiento de la clase media.

Desde la oposición se ha notificado que  la reforma que está pasando por el Congreso no tiene en cuenta a los jóvenes a quienes solo los deja como simples deudores para cubrir los gastos futuros adicionales.

Las otras advertencias desde esa bancada contraria al gobierno es que el pilar solidario no requeriría de una propuesta  como la que está haciendo tránsito en este momento y desde la óptica de ellos advierten que acaba con la libertad de elección en materia pensional.

 Pese a estas posiciones, en esta fase deliberativa surgen dos hechos llamativos. Uno, que todos los partidos, incluyendo los de oposición, y el Gobierno, lograron un acuerdo para que sea el Banco de la República el que maneje los 413 billones de pesos producto del ahorro pensional de cerca de 19 millones de colombianos afiliados en las administradoras privadas.

Y dos, como lo señalan algunos analistas, que Petro volvió a tender puentes en búsqueda de consensos y acuerdos en procura del rescate de esta reforma pensional que tampoco puede ser ni  dañina para la situación fiscal del país ni vista como un trofeo gubernamental  y tampoco alejada del objetivo primario de garantizar  que más colombianos logren este objetivo al término de su vida laboral, en condiciones dignas y favorables.

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