Todos los días trae su crisis y su escándalo’, podríamos decir que es el nuevo refrán que simboliza al gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual ha llegado a generar tales niveles de incertidumbre y de desconfianza que, prácticamente coincidiendo con sus dos años de mandato, el 60% de los empresarios ha pensado irse de Colombia.
Esta percepción tan grave demuestra lo negativo que resultan los equivocados y confusos manejos y las constantes fricciones como sucede ahora con la pretensión de subsanar el déficit presupuestal de $12 billones con una reforma tributaria que esconde el fantasma de pagar favores electorales con burocracia y subsidios sociales engañosos, aparte de la amenaza presidencial de recortar beneficios a los sectores más ricos de la población.
En este ‘septiembre negro’ que lo llamamos así porque nada ha cambiado para mejorar, por ejemplo en la crisis entre Petro y la prensa, la cual se profundizó cuando desde la Presidencia arreció la confrontación al llamar a periodistas ‘muñecas de la mafia’ y señalar que en los medios de comunicación ‘los propietarios no están de acuerdo con las políticas de mi Gobierno’.
En medio de esa estrategia contra la libertad de expresión, propia de regímenes totalitaristas, al presidente se le marchitó su política ‘Paz Total’ que como dijera su propio comisionado de Paz, se encuentra en estado agónico, haciendo implosión en esta temporada septembrina con la reanudación de los ataques contra la Fuerza Pública en Arauca y Norte de Santander por parte de la guerrilla del Eln. Y eso que el jefe de Estado en una de sus promesas de campaña había dicho: “a los tres meses de ser presidente se acaba el Eln, se hace la paz”.
Es así como retumban de nuevo los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, mientras el país cruza por una difícil coyuntura energética con una Ecopetrol con diversos problemas -como la baja calificación de sus acciones- el déficit de gas y hasta amenaza de desabastecimiento de combustible para avión, como sucedió en un hecho sin precedentes.
A todo lo anterior hay que sumarle la inseguridad ciudadana en Colombia que tiene a Cúcuta como doloroso botón de muestra con el desbordamiento del multicrimen transnacional representado en carteles mexicanos y venezolanos de la droga, las bandas criminales, el lavado de activos, las economías ilegales, la extorsión, el homicidio, entre otros.
La otra crisis que sigue inatajable y sin solución a la vista es la de corrupción, que va desde el caso del propio hijo del presidente Petro, la violación de los topes de la campaña presidencial, el caso de los carrotanques en La Guajira y otros hechos de malversación de miles de millones en recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta también, como la anterior, es una oferta al país que el gobierno del cambio tampoco ha cumplido.
En el campo político seguimos con un ambiente enrarecido y un presidente lanzando advertencias de golpes blandos en su contra porque el CNE va a investigar su campaña, aparte de las maniobras o ‘errores’ con los que se pretendía desfinanciar a la Registraduría y poner en riesgo las elecciones de 2026 y una propuesta de reforma política que genera dudas e inquietudes no resueltas ante la posibilidad de revivir la reelección.
Como el cambio no funcionó o se usó para que nada cambiara, en este tormentoso pasaje de la vida colombiana es muy alta la percepción de mala o pésima la situación, generando desasosiego y que la posibilidad de irse del país esté ahora en el primer lugar dentro de la carpeta de posibilidades de los ciudadanos, como ya lo han hecho más de un millón de colombianos que han migrado desde 2022, como lo indican varias mediciones especializadas.
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