No hay necesidad alguna de reiterar que en todas las legislaciones del mundo el contrabando en todas sus formas es un delito contra el Estado y, por lo mismo, quien lo cometa es objeto de sanciones penales que, como es lógico, se pagan con la cárcel. En esto, no cabe discusión.

Tampoco admite discusión el hecho notorio de que en todo el mundo, muchas personas obtienen beneficios de las actividades relacionadas con el contrabando. Y en Cúcuta, por razones de diversa índole, una gran parte de la población vive, desde hace muchos años, de esta práctica que viola la ley.

Tantos años, que el criterio según el cual traer mercancías de Venezuela —o, lo que es lo mismo, llevarlas— es normal, y por lo mismo lícito, ha permeado la cultura de los cucuteños, hasta el punto de que algunos consideran que no puede existir una ley que castigue de forma severa la llegada o salida de mercancías ilegales.

Esta convicción errada es la que estimula a los organizadores de las protestas de ayer, por parte de sectores de la economía informal de Cúcuta, contra un proyecto de ley que está muy cerca de aprobar el Congreso, y que tipifica el contrabando como una conducta penal de lavado de activos.

Según el proyecto, contrabandear mercancías valoradas en 50 salarios mínimos o más (32,2 millones de pesos) puede acarrear cárcel por 4 a 8 años y multas de entre 200 y 300 por ciento del valor aduanero de los bienes ilegales. Si la mercancía supera los 200 salarios mínimos mensuales (128,8 millones), la cárcel será de 9 a 12 años.

Uno de los aspectos de la ley que tiene mucho que ver con Norte de Santander es el relacionado con el tráfico ilegal de combustibles, pues establece hasta 16 años de cárcel y 50.000 salarios mínimos (32.217 millones de pesos) para los contrabandistas.

El hecho de que el 49 por ciento de los cucuteños considere que contrabandear no es una conducta delictiva que deba sancionarse, según resultados de la encuesta Cúcuta Cómo Vamos, no quiere decir que es legal: según lo establecido por la ley penal, el contrabando es un delito, y seguirá siéndolo mientras esa norma exista. Así, pues, ante esta situación hay que pedir sindéresis. ¿Cómo pretender mejorar la imagen de Cúcuta y los cucuteños, si paralizan la ciudad un día para defender una práctica a todas luces ilegal, para buscar que el contrabando se permita o lo que es peor, que no se castigue drásticamente?

Y, además de ser un foco de corrupción y de criminalidad, hay otras razones de mucho valor que impiden darle vía libre a la llegada o a la salida ilegal de mercancías: según diversas estadísticas coincidentes, el contrabando equivale a unos 20 billones de pesos anuales —algo así como dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB)—, con los que se podrían hacer muchas obras de infraestructura que hacen falta y financiar muchos programas sociales.

Con el contrabando se ataca directamente a la industria nacional, que resiente la baja en las ventas, lo cual la lleva a ajustar sus planes reduciendo personal. Y con menos personas ocupadas, habrá menos comercio, más cierres de fábricas y despidos cada vez más nutridos.

Con el contrabando, en especial de perecederos como la carne, no hay garantía alguna de calidad; al contrario, son muchos los riesgos para la salud. Además, ningún producto de contrabando paga impuestos, lo cual es injusto frente a los comerciantes y productores legales.

Desde luego, estas razones nada importan al contrabandista e importan mucho menos al poderoso, al gran contrabandista que ni siquiera se ocupa de sus cargamentos, porque para ello tiene un pequeño ejército de empleados.

La falta de oportunidades no puede seguir siendo una razón para justificar el contrabando. Y aunque en la ciudad la informalidad alcanza el 70%, lo que indica que buena parte de la población está relacionada con alguna actividad de este tipo, a mucho cucuteños sí les preocupan las consecuencias del comercio ilegal que se ha tomado la ciudad y que está sirviendo para que en el resto del país particularicen e identifiquen al delito con el habitante de esta región.