Cuidar en especial a las mujeres y niños que son las principales víctimas del delito de la trata de personas es hoy por hoy esencial, ante el creciente riesgo que corren puesto que las amenazas de caer en dichas redes crece cada vez más.

Máxime en regiones como la nuestra con la porosa frontera con Venezuela y la influencia de una región como el Catatumbo donde se apertrechan muchas de las organizaciones del multicrimen que también incurren en esa inhumana operación.

Al sumarle a lo anterior la presencia del crimen transnacional en Cúcuta y en  gran parte de  Norte de Santander, el escenario no puede dejar de ser extremadamente complicado.
Como complemento no hay que olvidar las redes de proxenetas que inducen a mujeres y menores de edad a la prostitución, lo cual también influye en el creciente asecho de quienes son puestos en la mira para ser captados por esas redes.

La Defensoría del Pueblo en datos hasta mayo de este año señalaba que se conocía de 32 casos de trata de personas en Norte de Santander. Al escuchar ese número de lógica que se desatan las alertas por quienes son llevados bajo engaños de mejores ingresos y oportunidades a un mundo en el que se les violan todos sus derechos.

Un hecho del que siempre se advierte es el subregistro, puesto que no todos los afectados o sus familiares denuncian esta clase de situaciones, bien sea por temor o porque son amenazados o tal vez esperan que sus seres queridos logren retornar una vez les paguen las ‘deudas forzadas’ que les imponen los traficantes.

La organización Espacios de mujer dio a conocer un documento en el que se advierte que los tratantes explotan a víctimas colombianas en 38 países  atrayéndolas con oportunidades laborales fraudulentas para luego explotarlas con fines sexuales y de trabajos forzados.
Advierte la fundación que los tratantes también reclutan a mujeres y niñas vulnerables, en su mayoría colombianas y venezolanas desplazadas, para trabajos de “modelaje en webcams”, una industria no regulada que probablemente ha generado más de $1.2 billones al año en Colombia.
Para notar la magnitud del problema en Colombia, comparando las cifras del Ministerio del Interior de  todo 2023 con las del primer semestre de 2024, se advierte que hasta junio ya se había registrado el 74% de los hechos reportados el año pasado que fueron 264 contra 191 en seis meses.

Las finalidades reportadas se distribuyen en 145 casos de explotación sexual, 17 de trabajos forzados, 3 de matrimonio servil, 3 de servidumbre y 2 de esclavitud.

En ese sentido las campañas educativas y de prevención que se ponen en marcha para advertir sobre las maniobras que utilizan los delincuentes para atrapar a las personas en sus redes resultan de la mayor relevancia.

Pero simultáneamente hay que trabajar desde el Estado en todas las acciones indispensables para mejorar la calidad de vida de la población y en la solución de sus necesidades básicas insatisfechas, puesto que las condiciones de pobreza son precisamente las que aprovechan estas bandas.

Adicionalmente, hay que fortalecer la lucha desde el campo de la justicia para capturar y judicializar a quienes incurren en este delito en departamentos tan afectados como Norte de Santander, por ejemplo.

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