Relevantes datos hay que exponerlos para indicar la real dimensión de lo sucedido en El Tarrita, hace un año, territorio nortesantandereano que está sufriendo en carne propia la ineficiencia del Estado para atender todos los efectos generados por la emergencia.

Unos 550.000 metros cúbicos de lodo cayeron por la avalancha del 31 de mayo de 2023 en ese sector de la provincia de Ocaña, que técnicos del Instituto Nacional de Vías señalaron de una magnitud similar a la que arrasó Armero (Tolima) en noviembre de 1985, según declaró en su momento el director de Invías, Juan José Oyuela.

Más de 378.000 metros cuadrados fueron afectados, incluyendo un tramo de la carretera Ocaña-Cúcuta en el que tres puentes resultaron destruidos. Esto arrojó como consecuencia un cierre de  la vía que conduce a la costa Caribe durante 139 días, arrojando pérdidas por $85.000 millones a la economía y dejaron de movilizarse 2.5 millones de toneladas de mercancías.

Ciento cuarenta familias resultaron damnificadas, perdieron las parcelas y viviendas mientras que los niños y adolescentes vieron como el lodo destruyó las escuelas.

Pese a la contundencia de los datos, deja mucho que desear la paquidérmica actuación gubernamental para entrar a recuperar la infraestructura arrasada en el desastre natural y para apoyar a la población de esta zona superar la complicada situación que enfrentan luego del deslave.

Una de las pocas cosas que tiene el Gobierno Nacional para mostrar son los puentes metálicos provisionales que se instalaron para restablecer el tráfico vehicular que, a propósito, no pueden perpetuarse en el tiempo como si fuera una solución definitiva. ¿Cuántos años permanecerán ahí?

La catástrofe de El Tarrita no puede pasar a convertirse en un sinónimo de la lentitud gubernamental en la toma de decisiones para inyectar recursos y aprobar las inversiones requeridas en asuntos neurálgicos como la recuperación de la carretera y la atención integral a quienes todo lo perdieron en el deslave, por parte de entidades como la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres que no puede excusarse en los escándalos de corrupción que la sacuden, para no cumplirle los compromisos a esa comunidad. Eso sería muy grave y la Procuraduría debiera ponerle la lupa a esto.

El presidente Gustavo Petro y su equipo económico, de infraestructura y de gestión del riesgo tienen que asumir las responsabilidades y proceder a agilizar los procesos presupuestales y de contratación para esa región del departamento.

Es que no puede ser posible la tardanza para actuar en la recuperación de vía que es esencial para el tránsito de mercancías hacia los puertos y que no haya acción clara para evaluar y conjurar la amenaza de nuevas avalanchas.

La bancada de Norte de Santander en el Congreso de la República debería aprovechar este primer aniversario para asumir el compromiso de veeduría en representación de los habitantes de la zona afectada, estando atentos a presionar al Gobierno Nacional para que se adopten prontamente las medidas para superar el problema.

Qué lástima que siempre esta clase de situaciones de emergencia terminen en medio de reparos, protestas, actuaciones a media marcha, incumplimientos, abandono y denuncias, como una prueba más de que las esferas centrales del Estado están de espalda a la realidad de las regiones, en este caso en una tan sensible como la nuestra, que está afectada por males de diversa índole.

El deseo, al apagar la primera velita de la avalancha de El Tarrita, es que  no vayan a pasar años y años y nada haya cambiado en el paisaje que dibujó la inmensa cantidad de barro que cayó.  

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