Que 2024 haya sido otro año sin avances en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional  (Eln) lanza al ambiente  altos niveles de zozobra y preocupación, porque significa que el conflicto armado no cesará ni amainará en departamento con alta presencia de esa guerrilla, como lo es Norte de Santander.

Producto de ese panorama, el grupo  armado organizado continúa adelantando acciones para intentar demostrar su influencia y poderío en el territorio, como el incidente ocurrido en El Carmen donde obligaron a salir por la fuerza a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y de Parques Naturales.

El Gobierno nacional no puede permitir que los alzados en armas persistan en atemorizar y en tratar de  convertirse en los ‘amos’ de ciertas zonas, como lo hicieron en las veredas La Ganadera y El Trapiche, en la que había una reunión con comunidades indígenas y campesinas.

Esa es una acción de hostigamiento a la población civil que debe ser rechazada  y denunciada ante los organismos internacionales puesto que esas maniobras de control de territorio constituyen agudas infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Resultó, además, siendo una obstrucción a la Sentencia T-052 de 2017 y a los acuerdos alcanzados en las sesiones de construcción del Pacto del Catatumbo, en este caso relacionados con el saneamiento del resguardo motilón barí.

Este hecho concreto sirve para ratificar que esta guerrilla  ejerce presiones  que finalmente terminan golpeando a la población, retrasan su desarrollo y afectan las opciones para poner en marcha las soluciones a necesidades que  las han afectado durante muchos, aparte de que se está afectando la integridad de las poblaciones asentadas en el Catatumbo. 

La acción en que se vieron involucrados miembros del frente Camilo Torres del Eln, debe ser repudiada con fuerza y expuesta ante la fracturada mesa de negociaciones, puesto que es un buen ejemplo de lo que no puede seguir sucediendo con las organizaciones que dicen querer llegar a la paz, pero siguen obstruyendo el desarrollo de las comunidades.

La oficina del comisionado de Paz y los países garantes deben hacer algo para que una guerrilla como la del Eln le ponga punto final a esa clase de hostigamientos si es que en verdad quiere seguir en las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz.

Infortunadamente, por ese hecho que ocurrió el 25 de noviembre, el mismo día en que se conoció la falta de resultados en los diálogos, la percepción que ronda en el ambiente es de temor porque la temporada decembrina esté sembrada de acciones terroristas  en los departamentos con alta presencia de ese grupo subversivo guevarista.

Y  peor aún, que si los negociadores del Eln regresan a la mesa el año entrante no será con el interés de llegar a firmar la paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro sino de seguir conversando con los vengan después.

Grave y riesgoso ese mansaje  que se envía a una sociedad hastiada con una guerra interna con miles de víctimas entre muertos, heridos, desaparecidos, desplazados, despojados y secuestrados, porque al final del día lo que puede ocurrir es que la búsqueda de la paz por la vía negociada pierda el apoyo ciudadano por esa dilatación, doble discurso y terquedad para dejar las armas. 

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