Se trata de uno de los capítulos más macabros que se han descubierto en la historia reciente del departamento. La red de abortos que fue desmantelada por la Policía metropolitana, que se dedicaba además, al tráfico de recién nacidos, llevaba más de veinte años operando en una clínica de Los Patios, sin ningún pudor, a la vista de todos.

El hecho de que hayan pasado casi dos décadas sin que se alertara  sobre esta práctica, deja muchos interrogantes frente a la cantidad de personas que pudieron llegar a tener conocimiento de lo que allí estaba sucediendo y a lucrarse de ello.

Según contaron las autoridades, los vinculados atendían inicialmente a las pacientes en un centro asistencial del barrio La Playa, y una vez detectadas las que querían abortar, las trasladaban al centro médico de Los Patios para realizar el procedimiento.

El aborto solo se materializaba si el embarazo no superaba los 4 meses; de lo contrario, pactaban con las mujeres la continuación del embarazo, para vender los recién nacidos a personas que no podían procrear, o a miembros del mismo ámbito de la salud. Incluso, dos de las enfermeras detenidas habrían logrado hacerse a un hijo gracias a esta práctica.

El desmantelamiento de la estructura fue posible por una investigación que se inició en el 2013 a través de una agente encubierta.

Cada aborto lo cobraban entre 400 mil y 600 mil pesos, y cada ser vivo entre 4 y 5 millones de pesos.  En la clínica también eran expedidos de forma fraudulenta los certificados de nacido vivo de los bebés, documento que era aportado a la hora de registrarlos en las notarías.

Los cinco detenidos –entre ellos un médico y dos enfermeras– ya en manos de la Fiscalía, se enfrentan a penas de entre 30 y 60 años de cárcel.  Pero la pregunta, que aún sigue sin respuesta, continúa resonando en el ambiente: ¿cuántos médicos, enfermeros, auxiliares y demás personal de la salud tenía conocimiento de esta situación? Uno de los médicos arrestados es hermano del dueño de la Clínica La Samaritana de Los Patios, lo que indica que muy probablemente, todo se hizo con su consentimiento.  

Que una red dedicada a temas tan delicados haya permanecido intacta y operando a sus anchas durante tanto tiempo, genera un serio cuestionamiento a las entidades de salud, y a los entes encargados de supervisar a los centros de salud, clínicas y hospitales.

Es necesario que las inspecciones y los controles se agudicen pero, sobre todo, que se enfoquen realmente en lo trascendental, en investigar y evitar que atrocidades como esta se cometan en las entidades de salud,  y no en nimiedades como exigir canecas, depósitos especializados y materiales que al fin y al cabo no tienen relación con el proceso de salvar vidas.

Aunque el Instituto Nacional de Salud ya inició las investigaciones pertinentes, hasta el momento no se ha conocido ningún informe oficial de esa entidad que determine las sanciones y, más importante aún, si los pacientes allí atendidos, especialmente las gestantes, corren riesgo.

Lo más preciado de una sociedad son su niños y por lo tanto, la ley con toda su contundencia debe castigar a los responsables de estos delitos. Y la sociedad cucuteña merece saber que al menos, instituciones con ese tipo de antecedentes no deberían seguir funcionando en la ciudad.