La guerra en el Catatumbo que libran desde mediados de enero del año pasado el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la disidencia de las Farc, tristemente vigorizó el reclutamiento forzado en esta subregión de Norte de Santander.

En este asunto debemos referirnos a Mónica Lizeth Beltrán, de 13 años, quien es la más reciente víctima de este atroz delito que la condujo a la muerte, tras ser obligada a pertenecer a uno de esos grupos y luego caer asesinada.

¿Cuántas Mónicas más tenemos que sepultar para que se detenga este método de las estructuras armadas ilegales para conseguir más combatientes?

Esa pregunta ya se ha hecho, pero es urgente insistir en ella para que de tanto ir el agua al cántaro por fin se rompa y alguien en particular o una organización determinen actuar con firmeza para detener esta inhumana hostilidad contra los niños, niñas y adolescentes.

El nombre de Mónica Lizeth Beltrán debe seguirse nombrando para que su memoria viva conduzca a ponerle realmente un alto a esta violación de los derechos fundamentales de la niñez, que finalmente queda con una múltiple revictimización.

Primero, porque los menores de edad son arrancados por la fuerza de su familia y de la escuela o el colegio para luego someterlos a   entrenamientos físicos y de manejo de armas, al igual que para instrumentalizarlos hacia la futura ejecución de operaciones criminales.

Lo anterior se advierte en el Catatumbo, donde la guerra ha convertido buena parte del territorio en escenario de disputa entre estructuras ilegales, la niñez enfrenta una amenaza que no siempre aparece en las estadísticas: el riesgo de que un niño o una niña desaparezca de su escuela, de su familia y de su comunidad para terminar convertido en instrumento de la guerra.

Y como si eso no fuera poco, al estar dentro de los campamentos junto con los demás miembros de la estructura ilegal, quedan en riesgo en combates o bombardeos, porque prácticamente se les utiliza, también, como una especie de escudo humano.

Este hecho que golpea directamente el futuro de la sociedad debe cesar. Esta guerra contra los niños debe terminar.

Una arista que permite advertir la gravedad de lo que está ocurriendo, nos muestra la peligrosa situación que acecha a los niños, niñas y adolescentes de Norte de Santander y de Cauca, departamentos que acumulan prácticamente la mitad de hechos de esta naturaleza en el país.

Ya es justo que los pequeños tengan la opción real de jugar y estar con sus amigos, sin que sean acechados por los reclutadores del Eln y la disidencia de las Farc.

Ojalá la Unicef y la Unesco no se olviden de Mónica y su memoria sirva para lanzar un plan internacional para indicarle a la comunidad internacional lo urgente que es frenar el antinatural escenario de que los padres sepulten a sus pequeños hijos, por impacto del reclutamiento.

Pero también es necesaria la protección de la educación que es algo natural para los niños y adolescentes y el derecho al juego que es inherente a ellos, para que ni los fusiles ni las bombas los atrapen en una guerra que solo les labra el camino hacia una destrucción de sus opciones de vida.

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