Ahora que el Consejo de Estado frenó el decreto por medio del cual se buscaba disminuirles el salario a los congresistas, hay mucha tela que cortar sobre el sueldo que devengan los miembros del poder Legislativo colombiano.
Por ejemplo, que son los que encabezan la lista de los sueldos que reciben en la región frente a sus colegas de otros países. 

Y así seguirá siendo por la medida cautelar aplicada al Decreto 030 del 20 de enero de 2026, que les recortaba en $18 millones la asignación por concepto de una prima especial. Con los $55 millones que hoy les pagan mensualmente, los pone en mejores condiciones frente a la remuneración que obtienen los integrantes de las corporaciones legislativas de México, Uruguay, Argentina, Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Las finanzas del Estado, en el rubro de los gastos de funcionamiento, en este caso en particular no tendrán la opción de refrescarse con un ahorro calculado en $62.000 millones por concepto de esa prima creada hace trece años.
Indistintamente de lo ocurrido con la suspensión del acto administrativo y de la espera para saber qué sucederá con las seis demandas interpuestas, lo cierto es que sí es indispensable que se produzca un apretón del cinturón por parte de los padres de la patria.

En momentos que se pregona la urgencia de la austeridad y de recortes para enfrentar el déficit fiscal con el propósito de sanear las finanzas estatales, a todos corresponde hacer la respectiva cuota de sacrificio.

Pero es que además desde hace mucho tiempo se ha tratado de modificar mediante acto legislativo el artículo 187 de la Constitución de 1991, según el cual la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central.

Además, los colombianos siguen sin entender esas gigantescas brechas salariales, dentro de las que se encuentran primas especiales como esa de $18.1 millones, creada en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Un último intento se hizo el año pasado con la iniciativa para que el sueldo mensual de los legisladores no exceda los veinte salarios mínimos.

Por lo tanto, en un país con altos índices de desigualdad como el nuestro, lo lógico es que empiecen a aplicarse dichos recortes con el fin de que los dineros del presupuesto tengan una mejor destinación.

Porque es indudable que en los altos cargos del Estado es también necesario hacer una revisión a la baja de los sueldos dentro de la consolidación de la política de austeridad en burocracia y trasladar esos ahorros al rubro de inversión, que es donde más se necesita que las finanzas sean saneadas y fortalecidas para darle impulso al desarrollo del país.

Esperemos que el Congreso que se posesiona el 20 de julio, dentro de sus buenos oficios para el cuatrienio, haga un sacrificio por Colombia y admitan la urgencia de que por fin prospere la baja salarial de los senadores y representantes, que suma por lo menos catorce intentos fallidos, puesto que todos los proyectos de acto legislativo terminan hundidos. Habrá que esperar un milagro.

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