Las leyes ordenan lo que el pueblo quiere. Los ciudadanos eligen a quienes, a la larga, las redactan, las aprueban y las hacen cumplir. Y si una norma se mantiene, es porque todos se identifican con ella. Si no hubiera ese beneplácito, esa ley no existiría.

Si existen tratados de extradición, que en el fondo significan, hay que decirlo, el reconocimiento de que un país confía más en la justicia de otro que en la suya, es por voluntad de todos. Si no fuera así, nuestros delincuentes serían juzgados aquí.

Esos acuerdos, mediante los cuales la justicia extranjera sanciona conductas de colombianos y extranjeros que de algún modo han afectado intereses del otro país, son norma universal, y todos pretenden que su justicia castigue a quienes los ofenden.

En ese orden de ideas, cuando Colombia entrega a Estados Unidos a personajes como Salvatore Mancuso, por ejemplo, renuncia a juzgarlo por delitos por los cuales él responderá y pagará (si es el caso) allá, y acepta que la pena sea como lo determine el juez extranjero. Solo exige que esa pena no supere a la de acá para el caso concreto.

Es entendible, desde luego, el malestar que despertó —no es la primera vez que esto ocurre entre víctimas de delincuentes extraditados— entre algunos ciudadanos, la condena que la justicia de Estados Unidos impuso al exjefe paramilitar Mancuso, de 15 años y 10 meses de prisión, que, sumando rebajas, tiempo de espera y beneficios, pueden permitir que en solo 4 años esté de regreso a Colombia. Si acaso regresa.

Pero, quienes expresan hoy su inconformidad, incluyendo, claro a las víctimas de Mancuso y de su gente, tienen que aceptar lo que decidió la jueza Ellen S. Huvelle, de la Corte del Distrito de Columbia en Washington. No hay marcha atrás ni apelación posible, pues todo fue negociado entre los abogados y la Fiscalía. Como acá.

Y, aunque no tiene por qué ser revelado, es posible que en la negociación entre reo y justicia haya quedado establecido, como en otros casos, que el hombre se quede a vivir en Estados Unidos al salir de la cárcel.

¿Qué hay una elusión a la justicia colombiana? Sí y no. Sí, porque los jueces de Colombia no podrán juzgar a Mancuso por lo que ya fue juzgado en Estados Unidos, y no, o, pero no, porque, al entregarlo, este país aceptó que el juez extranjero impusiera la pena que mejor le pareciera. Y eso hizo Huvelle, porque Colombia le transfirió en su cabeza a la justicia estadounidense el derecho a juzgarlo. Un efecto de la extradición…

Siempre se ha dicho que entregar reos para que los procese la justicia de otro país es ceder algo de la soberanía; en esto no cabe discusión. Pero si eso ha ocurrido, ha sido porque los ciudadanos han optado por esa vía, apoyando algunas iniciativas electorales.

Expresar molestias por lo que hacen jueces extranjeros a los que se les entregó la facultad total de decidir como quisieran es, además de extemporáneo, irremediable, al menos mientras los tratados de extradición estén vigentes.

Pero, hay casos en los que, al contrario, al acusado no le resultó benéfico ser juzgado por un juez foráneo. El de Ricardo ‘Simón Trinidad’ Palmera, es ejemplar: ¿en Colombia hubiera sido condenado, como lo hizo la justicia de Estados Unidos, a 60 años de cárcel? Muy dudoso…

Uno y otro son las consecuencias de no tener una justicia de verdad eficaz, una justicia fuerte, una justicia ágil, es decir, una justicia justa. Y que nuestro aparato judicial no sea así, se debe, sin dudarlo, a todos los colombianos.

Tenemos la justicia que queremos.