Un preocupante fenómeno viene tomando fuerza en el país y está alcanzando dimensiones que mantienen encendidas las alarmas entre autoridades, educadores y padres de familia: los menores que delinquen.

Tristemente, el conocimiento que tienen de la legislación que los cobija y a su vez los ampara, ha sido más que un impedimento, un arma para cometer delitos a diestra y siniestra a sabiendas de que no irán a parar a la cárcel, sino a reformatorios en los que violan todas las normas. No en vano una de las cosas que más preocupa es que muchos, desde temprana edad, registran numerosas entradas a reformatorios.

Los datos que permiten establecer el panorama de cómo va la juventud en Colombia son sorprendentes. En las seis principales capitales del país, las autoridades, Policía y alcaldías tienen identificadas 517 pandillas que se han robado la calma de las comunidades.

Sus actividades van desde rencillas entre las bandas de un barrio y otro para defender ‘territorios’ y el alto consumo de estupefacientes en sus miembros, hasta trabajar al servicio de grandes estructuras criminales para vender drogas.

Desde el 2011, a diario son aprehendidos en promedio entre 60 y 70 menores por diferentes delitos. En el 2014 fueron capturados 24.357; en lo que va de este año ya son 7.300.

Decir que los jóvenes hacen parte de cerca del 10 por ciento de delitos cometidos en el país es aceptar una realidad apabullante ante la cual hay que buscar soluciones contundentes.

Hay varios caminos, pero sin duda lo primero que se requiere es en un papel más activo del Estado, que debe establecer una política más efectiva de oportunidades para los jóvenes, especialmente los más vulnerables de las zonas marginadas de las ciudades.

De otro lado, es necesario revisar el manejo que dan a un joven que es aprehendido delinquiendo y que es llevado a un reformatorio, lugar que debe hacer honor a su nombre y no convertirse, como la cárcel, en un sitio de donde se sale peor que como se entra.

Sin embargo, la gravedad de las cifras pone sobre la mesa la necesidad de pensar en evaluar la legislación colombiana sobre la mayoría de edad y las normas que en este momento amparan a quienes delinquen o asesinan antes de los 18 años.

Igual de necesario es el debate sobre la familia y la ausencia de los padres en el hogar moderno. La crisis de valores de los adolescentes  es un preocupante reflejo del abandono por parte de sus padres, lo que los impulsa desde pequeños a la vida de la calle; la educación es un concepto complejo y no basta con delegarla en las instituciones, borrando de tajo el rol más importante, que viene del hogar.

Es hora de que el Estado ponga su atención en este fenómeno que va en aumento y que se está convirtiendo en una bomba de tiempo. No invertir en los jóvenes delincuentes de hoy es negarse la posibilidad de un mañana en paz y de un mejor futuro que el presente en el que crecimos.