¿Cuánto del contrabando que llega a Colombia entra por Cúcuta y vecindades? No hay certeza, como si la hay en torno del que ingresa por el aeropuerto Eldorado: 50 por ciento, y, sin embargo, Bogotá no es una ciudad estigmatizada ni sus habitantes son mirados como criminales.

El resto del contrabando llega por todas partes, incluida, claro está, Cúcuta, por donde ingresan grandes cantidades de mercancía ilegal, como participación parcial en un fenómeno delictivo que tiene dimensiones apocalípticas.

Algunos cálculos oficiales indican que el valor anual del contrabando que llega al país es de 20 billones de pesos, lo que equivale a hablar de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Para enfrentar esta grave situación, el gobierno promulgó, hace pocos días, una ley anticontrabando que ha desatado la furia de algunos sectores sociales que, o no la han leído con detenimiento o ignoran que, en términos generales, es la misma ley que venía rigiendo, solo que con penas mucho más drásticas y sumas mucho más bajas.

Al fin y al cabo, no es fácil de asimilar un castigo de hasta 16 años de cárcel ni una multa de hasta 50 mil salarios mínimos para los contrabandistas de combustible, por ejemplo, una de las características del fenómeno ilegal en Norte de Santander. Es, si se puede llamar así, la señal de identidad que particulariza el contrabando en este departamento y en La Guajira.

Para ciertos analistas, lo que hicieron el gobierno y el Congreso fue reencauchar la vieja ley con capas de populismo punitivo, y no dotarla con mecanismos adecuados para atacar el contrabando.

Y pueden tener razón, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la pena de muerte nunca ha persuadido a las personas de no matar. Los índices de asesinato son iguales antes y después de establecer la pena capital. Quitar la vida en nombre de la ley y la Justicia no ha sido suficiente disuasivo.

En ese sentido, si la pena capital no surte el efecto pretendido de disminuir los índices de homicidio agravado, ¿por qué la ley anticontrabando si arrojaría resultados positivos en relación con la merma en ese delito? No hay razón válida que lo explique.

En la exposición de motivos, la ley reconoce que el problema es complejo, y en el diagnóstico advierte que la falta de oportunidades lleva a las personas a optar por las prácticas ilegales. Sin embargo, no plantea fórmula de solución alguna para esta falta de oportunidades ni para el desempleo y la informalidad, razones que explican con suficiencia el contrabando.

Nada dice, por otra parte, en relación con la necesidad de educar a la gente, a fin de superar la laxitud cultural que permite considerar que, por el hecho de que una persona ser fronteriza le está permitido actuar al margen de la legalidad.

Tampoco se menciona la enorme capacidad de las organizaciones criminales para traer y llevar más allá de las fronteras todo tipo de mercancías ilegales, mucho menos habla de cómo combatirlas con eficiencia. Y, al respecto, poca duda queda de que ya deben haber ideado todas las formas posibles de evitar que la remozada ley los muerda. Al fin y al cabo, es lo que han hecho desde que existen las aduanas.

Saben que, según la ley, los instrumentos para el control son los mismos de siempre, igual o más corruptos, igual o más ineficientes, igual o más cómplices. ¿Qué esperar de una Policía Fiscal Aduanera (Polfa) que, ante las cámaras de la televisión, negocia con contrabandistas de carne de Venezuela, a fin de que de tres vehículos con contrabando se lleven dos, pero dejen uno decomisado para demostrar eficiencia?

La ley anticontrabando parece un tigre. Y lo es… pero de papel.