Organizaciones sociales y de Derechos Humanos de la región dejaron planteadas diversas consideraciones sobre las  políticas de seguridad ciudadana trazadas desde las administraciones local y departamental.

Se trata de una buena alternativa que se haga esta clase de análisis desde la sociedad civil, puesto que precisamente es una manera de medir el impacto y la trascendencia de las acciones puestas en marcha para enfrentar las situaciones de violencia que ocurren en la región.

Esa especie de ‘veeduría en caliente’ es algo necesario, precisamente para determinar si los planes previstos  desde la esfera gubernamental tienen un buen recibo entre la comunidad y cuál es la percepción que sobre los mismos tiene la comunidad.

Conocer de antemano los planteamientos de una parte de la sociedad sobre las estrategias contra el crimen sirve, precisamente, de un insumo para tener en cuenta al momento de afinar los procedimientos y de hacer las reestructuraciones que se tengan que efectuar para que tengan los alcances requeridos.

Para los habitantes del departamento y de la ciudad, resultó importante conocer, por ejemplo, lo planteado por los secretarios George Quintero y Diego Villamizar sobre lo que están haciendo desde sus respectivas dependencias para confrontar a las organizaciones delincuenciales, en respuesta a que si hay fallas o no en las políticas de seguridad en la región.

Por ejemplo, Villamizar dejó en claro, según él, que en Cúcuta “lo que estamos viviendo son fenómenos que se han permitido avanzar por años, en los que no existía una política para empezar a enfrentar las bandas criminales, que un alcalde asumiera su rol de jefe de policía y falta de inversión en materia de tecnología”.

Y desde la administración departamental, Quintero observó que si le preguntan “si la política del gobierno departamental está alineada con la del plan nacional diría que sí, que al cien por ciento, lo que pasa es que esto funciona es con dinero”.

Luego estas son precisiones muy importantes sobre las cuales hay que profundizar en el trabajo que  se desarrolle, aprovechando por ejemplo que ahora se cuenta en el gabinete del presidente Gustavo Petro a un ministro nortesantandereano del Interior, como lo es Juan Fernando Cristo, quien es un elemento clave para ayudar a edificar una sólida política de seguridad en Norte de Santander y su capital.

Las críticas son saludables porque ayudan a entender que ciertos aspectos tienen que ser fortalecidos o consolidados, y lograr que por ejemplo en el caso que tiene que ver el combate a la violencia y las diferentes formas del delito, esté en conexión con las políticas nacionales, para lograr mejores resultados.

El hecho de que la región tenga hoy como uno de sus principales problemas a la inseguridad de por sí indica que los esfuerzos se tienen que multiplicar desde aspectos como la inversión, la superación de problemas sociales, el fortalecimiento de la inteligencia, la constitución del observatorio de seguridad y el necesario respaldo tecnológico.

Y, a todo lo anterior hay que agregarle lo que hoy está sucediendo, el interés ciudadano desde sus organizaciones sociales, para que también tengan su espacio no solo deliberativo sino participativo para darle vigor a políticas públicas de esta naturaleza.

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