Después de Nicolás Maduro, el funcionario venezolano más radical y agresivo con Colombia es el inefable José Vielma, elegido el 8 de diciembre de 2013 como gobernador de Táchira, con votos de colombianos.
Porque colombianos que viven en Táchira y podían votar, dijeron que lo hicieron por este exmonaguillo educado por monjas carmelitas, convertido en militar golpista y, finalmente, devenido en político, exdirector de impuestos y gobernador.
Unas veces acá, otras allá —dependiendo de hacia dónde soplen los tormentosos vientos dentro de la revolución chavista—, Vielma siempre ha encontrado, suertudo él, acomodo y cobijo casi permanentes entre los manejadores del poder. Si te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas, se llama su juego.
Saber en dónde pararse cuando el maná cae, aunque haya que dar codazos, es una especie de norma de vida del Vielma militar; decir una cosa cuando en realidad se quiere decir otra, es del Vielma abogado.
Vielma ha ido lejos en esta oportunidad. Según declaró hace pocos días, “no hay deportados, lo que hay son colombianos puestos en el Consulado general de Colombia en San Antonio”.
Y así son muchas cosas con este personaje sinuoso, dedicado por ahora a ganar indulgencias ante el sanctasanctórum de la revolución bolivariana, esperanzado en que su mala memoria se contagie a Maduro y Diosdado Cabello, y no le pregunten qué hacía almorzando sancocho con los “paramilitares” colombianos de La Invasión.
Porque, según él mismo, La Invasión, un barrio que para siempre quedará en la memoria de los colombianos por la forma en que en pocas horas lo demolieron, estaba lleno de paramilitares, contrabandistas, prostitutas y criminales.
Que antes anduviera con ellos en jolgorios y creando comunas socialistas no fue obstáculo para que Vielma, investido de mandamás regional, deportara a 1.200 familias que antes eran sus amigas, sus patrocinadas, sus socias, sus copartidarias.
Más claro lo dice el diputado opositor Wálter Márquez, cuando muestra varios documentos que “manifiestan el cinismo del gobernador, por cuanto los utilizó (a los colombianos) para campaña electoral y ahora los agrede”.
Con antecedentes como estos, Vielma tiene que demostrar que es un duro al que no le tiembla el pulso cuando se trata de transferir a los colombianos la responsabilidad de las consecuencias de su tolerancia con la corrupción de los militares.
Porque si su asistencia a reuniones en La Invasión se mantenía en prudente reserva, a fin de que nadie en Caracas se enterara, la corrupción escandalosa de los miembros de la Guardia Nacional es conocida por todos, incluso en este lado de la frontera. Y para combatirla le ha faltado al menos la mitad de la energía que le ha puesto al programa ilegal de deportaciones masivas con las que se debe sentir feliz.
En todo este asunto, hay, sin embargo, situaciones incomprensibles: Vielma cree que el cierre fronterizo ordenado por Maduro, “no es una medida contra Colombia, es una medida para poder presionar y controlar a las bandas criminales”.
Bandas criminales que, según el gobierno venezolano, estaban ancladas en La Invasión y en Mi Pequeña Barinas, precisamente los barrios subnormales poblados por miembros de bandas criminales con los que Vielma compartía más que sopas de pollo.
Lo más probable es que el gobernador de Táchira se radicalice todavía más: en el seno de la revolución chavista darse codazos y echarse al agua unos con otros es más que una costumbre, una norma. Y, para evitar que se cumpla la norma política según la cual primero se caen los débiles que los malos, es previsible que Vielma pretenda ganar todos los puntos necesarios para evitar una purga, a costa de quien se le pase por delante.
Ojalá entre ellos no haya colombianos.
