Ante unos consumidores asfixiados por las facturas de energía, de un lado, y varias empresas obteniendo réditos multimillonarios, de otro, Europa contempla tasar los beneficios excepcionales de los grandes grupos, especialmente en el sector energético.

¿Por qué?
Los beneficios de los gigantes energéticos estallaron gracias al aumento de los precios del petróleo y el gas: 18.000 millones de dólares para el británico Shell en el segundo trimestre, 3.800 millones para el italiano Eni, 5.700 millones para el francés TotalEnergies...

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Al mismo tiempo, esta explosión de precios hunde a millones de hogares en la precariedad y acarrea importantes gastos a los Estados: 236.000 millones de euros en la Unión Europea entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 sin tener en cuenta a Portugal y Hungría, según el instituto Bruegel.

"Está claro que los grandes grupos petroleros no han hecho nada para merecer precios del petróleo tan elevados, es la invasión de Ucrania por Putin lo que está en el origen del problema", afirma en una entrevista a AFP el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

El economista milita por un impuesto sobre estos enormes beneficios desde el grupo de reflexión ICRICT, que cuenta también con el Nobel francés Thomas Piketty.

Ante un debate potencialmente explosivo, de momento la balanza se inclina por los partidarios de imponer este impuesto.

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"En nuestra economía social de mercado, los beneficios son buenos. Pero en estos tiempos es equivocado tener ganancias extraordinarias beneficiándose de la guerra", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

¿Quién?
Bruselas se plantea limitar los beneficios de los productores de electricidad a partir del nuclear y las energías renovables (eólica, solar, hidroeléctrica).

Actualmente, están obteniendo beneficios "excepcionales" vendiendo su energía a un precio muy por encima de los costes de producción que, a diferencia de las centrales y el gas, no aumentan.

La Comisión pretende también reclamar "una contribución" a los productores y distribuidores de gas, carbón y petróleo que se fijará en el 33% de aquellos beneficios que superen al menos en un 20% la media de los años 2019-2021.

Estas propuestas, que pueden significar hasta 140.000 millones de euros (igual en dólares), serán discutidas por los Estados miembros desde ahora hasta finales de septiembre. Pero muchos países no han esperado.

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España anunció en el verano boreal un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las sociedades energéticas y financieras, que podría recaudar unos 3.500 millones de euros en dos años. El Reino Unido e Italia anunciaron medidas, igual que Hungría, Rumania y Grecia.

¿Límites?
"Estos impuestos innovadores pueden presentar lagunas en su concepción", advertía recientemente el gabinete de abogados londinense Freshfields Bruckhaus Deringer en una nota sobre las medidas tomadas en cada país.

En este informe apuntaba a posibles desafíos, tanto respecto a las leyes constitucionales de cada país como a las normas europeas relativas a las ayudas estatales, si estos impuestos ofrecen una ventaja a la competencia.

El grupo francés Engie amenazó en julio con recurrir el impuesto italiano, asegurando que estaba "mal diseñado" y que "distorsiona la competencia".

El riesgo es también político: más que hablar de "impuesto", Bruselas evoca "una contribución" o "una limitación", dado que las decisiones fiscales precisan de una decisión unánime de los Veintisiete, un procedimiento más complicado que una mayoría cualificada.

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¿Suficiente?
Para la oenegé británica Tax Justice Network, el proyecto europeo "es un paso en la buena dirección, pero la ambición podría ser mucho más grande".

"Una tasa del 33% permite a empresas del sector de energía guardar dos tercios de esta renta indebida", señala su dirigente Alex Cobham.

Para Stiglitz, "Europa debería ir más allá" de las empresas energéticas.

Podría apuntar a los transportes, el sector agroalimentario, las finanzas o la tecnología, como defiende la oenegé Oxfam.

La cuestión de la base imponible también está sobre la mesa, puesto que numerosos gigantes de la energía registran pocos beneficios a escala nacional o continental, lo cual podría limitar el impacto de un impuesto sobre los superbeneficios.

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TotalEnergies afirmó, por ejemplo, haber registrado un resultado fiscal deficitario el año pasado en su operativa francesa y reconoció que no pagó nada de impuesto de sociedades en este país.

"Podríamos basar el impuesto en el flujo de caja en lugar de en el beneficio", propuso Eva Joly, también miembro del ICRICT, advirtiendo que "hay que tener en cuenta los trucos" de las empresas.