Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto denominado ‘Ley general de bosques nativos, plantaciones forestales y agroforestales’, que busca promover el desarrollo de la red forestal y los sistemas agroforestales, así como regular la actividad forestal en suelos de aptitud forestal y en suelos degradados e incentivar la forestación.

La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) anunció que participará activamente en su estudio, análisis y discusión para formular aspectos de mejora a los textos. 

De hecho, recientemente hizo llegar unos comentarios a los autores y ponentes al proyecto de ley 077/23 sugiriendo, entre otras cosas, mejorar la integralidad y complementariedad entre el bosque natural, las plantaciones forestales comerciales y la agroindustria, bajo una rectoría única que facilite la proveeduría de productos maderables para fines varios como la construcción sostenible y las energías renovables a partir de biomasa forestal.

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Así como alcanzar una simplificación institucional mediante una comisión interinstitucional de alto nivel que articule políticas, programas, fondos, incentivos y desarrollos con otras redes sectoriales.

“Tal vez una de las mejores soluciones para enfrentar la deforestación, la descarbonización, la adaptación y el cambio climático es la economía forestal”, aseguró el director ejecutivo nacional de Fedemaderas, Juan Miguel Vásquez.

De hecho, para 2022 la deforestación en el país se redujo cerca del 10 % respecto a 2021 según el Ministerio de Ambiente, tras décadas de aumentos continuos. El bosque como una solución, fue parte determinante de dicha reducción. Mantener estas reducciones desafía al sistema para que más allá de loables y productivos sistemas de pagos por servicios ambientales, también se vean a los bosques naturales y plantados como sistemas productivos. 

Contrario a lo que se solía pensar, la deforestación no es producto del aprovechamiento maderero. 

“Después de dos décadas y media nos dimos cuenta de que a pesar de que no sale madera de las selvas colombianas el fenómeno de la deforestación se agranda. Aun así, hay un acoso social permanente frente a la intervención de los recursos forestales nacionales a pesar del amparo legal. En cambio, entre las causas principales están la conversión del uso de la tierra y la especulación frente a su valor”, detalló el docente e investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, César Polanco.

A pesar del potencial de la red del recurso forestal, sistemas agroforestales y silvopastoriles, aprovechamiento sostenible del bosque natural y plantaciones forestales comerciales, el país ha venido progresivamente dependiendo de materias primas externas. 

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Para 2022, Colombia importó casi US$380 millones, que equivalen a entre 600.000 y un millón de metros cúbicos de tableros OSB, tableros aglomerados, tableros MDF, tableros contrachapados y madera maciza principalmente de Ecuador y otros vecinos como Brasil y Chile, aunque también llega producto de China y Norteamérica, incluso de Europa y Rusia.

“El país no aprovecha eficientemente sus recursos madereros desde el bosque natural, no tenemos productos propios rentables, así que algo no encaja en el modelo de Colombia”, cuestionó César Polanco, quien también advirtió que la sociedad en general no ha dimensionado el potencial que tiene en el sector forestal: “una hectárea puede albergar 100 metros cúbicos y cada uno tiene el potencial de movilizar en la economía entre $1 y $2 millones en los estados de transformación más básicos”.

Por esto, el experto recomendó al país trazarse objetivos claros para organizar su Sistema de Gestión Forestal, entre los que destaca: 1) asegurar la soberanía para el suministro de madera, al alcanzar entre 120.000 y 150.000 hectáreas reforestadas comercialmente e integradas a plantas de transformación de la materia prima, y 2) avanzar en la reforestación comercial para exportación y aumento del consumo interno, con mínimo dos millones de hectáreas cultivadas.

Este planteamiento se visualiza desde Fedemaderas como el instrumento que permitirá desde las regiones llevar a cabo unas acciones concretas de reindustrialización en la red sectorial forestal y de la madera. 

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Los clústeres regionales de bioeconomía hacen parte del programa a 30 años que el gremio ha compartido con actores del ejecutivo y el legislativo colombiano, a través del cual se brinda una mirada complementaria entre las diferentes fuentes y usos del recurso forestal, pero ello es ejecutado desde las regiones mediante alianzas público-privadas-populares. 

En un concepto integrado y transversal de clústeres, la economía forestal aportaría un enorme valor a la bioeconomía nacional en la medida que se garantice la proveeduría nacional de maderables, rompiendo inseguridades jurídicas y financieras. 

Esto permitiría dinamizar una industria de transformación primaria que ante una cristalización de las ventajas competitivas nacionales garantice un círculo virtuoso en la articulación con una mayor demanda por productos como la biomasa forestal para la generación de energía renovable, la madera maciza y estructural para construcción más sostenibles, la comercialización de mobiliario con consciencia ambiental en la medida que se re eduque al consumidor en cómo distinguir cuando un producto proviene de la legalidad y fuentes sostenibles, además de diversos usos en textiles y bioproductos en cuyos procesos productivos las fibras de celulosa y pino tienen injerencia. 

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