Los recientes combates en La Victoria, frontera con Arauquita, marcan un punto de inflexión en las relaciones de la dictadura venezolana con los grupos armados colombianos y de la estabilidad armada que durante los últimos años se ha mantenido tanto en la región como a lo largo de la frontera colombiana. 

A pesar de la consabida convivencia entre sectores militares del vecino país con las guerrillas de las Farc y del Eln, el proceso de fragmentación que vienen atravesando las disidencias de Farc, tras la desmovilización del grupo principal, está teniendo repercusiones en los arreglos criminales entre estos grupos y el estado venezolano. 

La fragmentación  

Por un lado, el creciente poderío económico de las disidencias del Frente Décimo y de otras estructuras que vienen ganando tracción local en algunas regiones del país, supone un reto para’ Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, quienes hasta el momento habían maniobrado con cierta efectividad para agrupar a las disidencias de las Farc. 

Estas disidencias, que desde un principio rechazaron los acuerdos de La Habana, han venido creciendo de manera sostenida en el marco de la lenta implementación de dichos acuerdos y de la violencia desatada contra excombatientes del extinto grupo. 

Por otro lado, la Segunda Marquetalia, el grupo comandado por Márquez, Santrich y 'E Paisa', ha permanecido aislado militarmente, sin que su pretensión de reagruparse y recuperar el mando que tuvieron en las antiguas Farc haya llegado a buen puerto. Por el contrario, en lugares como el pacífico nariñense, ambos grupos se han enfrentado militarmente. 

Esto no quiere decir que las relaciones entre las disidencias y la Segunda Marquetalia sea de confrontación abierta. De hecho, como lo dio a conocer en su momento la Fiscalía General de la Nación, fue justamente ‘Gentil Duarte’ quien protegió a Márquez y los demás líderes de la Segunda Marquetalia cuando huyeron hacia Venezuela. 

Por ello, el Apure venezolano sigue siendo la principal retaguardia para el grupo de Márquez que en todo caso ha logrado mantener las estrechas relaciones de protección con el gobierno venezolano que habían creado desde la época de las Farc-EP. 

A medida que estos grupos residuales adquieren más dinero producto del narcotráfico o de otras rentas ilegales como la minería ilegal, el contrabando, o el control de los pasos fronterizos informales, sus mandos buscan mayor autonomía, alejándose de la posibilidad de que las disidencias lleguen a consolidarse nuevamente como un grupo armado nacional.

Tal es el caso de Ferley, jefe financiero del Frente Décimo que se ha convertido en uno de los intermediarios criminales más poderosos de la región, afectando las rentas que otros actores ilegales como el Eln y agentes corruptos del estado tanto del lado venezolano como del colombiano. 

La inestabilidad provocada por Ferley y la expansión económica y militar del Frente Décimo ya había provocado incidentes entre este grupo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Así, por ejemplo, en septiembre del año pasado un operativo por parte del Grupo de Acciones Comando para dar con su captura terminó con un saldo de quince guerrilleros muertos y otros más heridos o capturados. 

De la misma manera, el jefe de finanzas del Frente Décimo había ofrecido cinco millones de pesos colombianos por cada policía o militar muerto en la zona de frontera. 

Ausencia de una política fronteriza 

Los acontecimientos se dan además como producto de la ausencia de una política de seguridad fronteriza y las ventanas de oportunidad que el cierre de la frontera colombo venezolana ha generado para el crimen organizado y para grupos armados de distinta índole.

Cómo se ha visto en Norte de Santander, los grupos armados son la autoridad migratoria y aduanera en la zona fronteriza entre el Estado Apure y Arauca. De manera paradójica una medida inspirada en un supuesto discurso de seguridad y de protección de la soberanía ha terminado por provocar justamente lo contrario, mayor inseguridad y la consolidación de grupos armados en zonas de frontera. 

Para la investigadora de la Universidad de Oxford, Annette Idler, en la zona de frontera se da un fenómeno denominado como “ciudadanía en las sombras”. Es decir, comunidades que han permanecido al margen de los servicios públicos proveídos por el Estado y en donde las economías ilegales se han convertido en las principales formas de subsistencia y de movilidad social. Esta ciudadanía está constituida sobre el ejercicio de la autoridad y la justicia impartida por grupos al margen de la ley. 

En el caso de Apure, aunque el Frente Décimo se ha dedicado principalmente al control de las rutas del narcotráfico que pasan por Arauca y provienen del interior del país con destino a Venezuela, las diferentes guerrillas se comportan de manera muy similar en términos del control social. 

Asesinatos selectivos, amenazas y extorsiones constituyen la manera esencial de relacionarse con las comunidades. Al romperse el equilibrio que de alguna manera habían sostenido los grupos armados con sectores corruptos del estado venezolano, el orden social se vuelve altamente inestable, lo que hace que las comunidades queden expuestas a los abusos de unos y de otros. 

Así lo evidencia, por ejemplo, la presunta masacre cometida por fuerzas de seguridad venezolanas contra una familia en El Ripial que posteriormente fue presentada como guerrilleros del Frente Décimo dados de baja. Es importante recordar que de acuerdo con la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Estado venezolano, principalmente la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), ha cometido más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales en los últimos años. 

El conflicto binacional

Además del drama humanitario que supone el desplazamiento de más de 4.000 personas hacia el municipio de Arauquita, este episodio se convierte en un nuevo capitulo del ya extenso conflicto binacional entre ambos países. 

De acuerdo con las declaraciones del general venezolano Vladimir Padrino, la incursión del Frente Décimo de las disidencias de la Farc habrían sido ordenadas por el Estado colombiano. Aunque alejada de la realidad, esta narrativa es fundamental para legitimar el accionar de la dictadura cuyas Fuerzas Armadas recién se estrenan en un enfrentamiento armado significativo en los últimos años.

Redacción Jorge Mantilla