Con peticiones y mensajes de ayuda, varios gobernantes de la costa caribe colombiana expresaron su preocupación al gobierno nacional sobre la crisis migratoria que pueda venir con la crisis política provocada por los resultados nada transparentes en las elecciones presidenciales.

Esta semana, el canciller, Luis Gilberto Murillo, llevó a cabo, junto a un grupo de congresistas de la Comisión Segunda de Senado y Cámara, una sesión de Trabajo en La Guajira para estudiar la situación actual en Venezuela y cómo esta afecta a Colombia, en especial en sus fronteras.

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El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, pidió al gobierno acciones inmediatas, ya que este departamento es la primera puerta de entrada de los migrantes a Colombia y allí crisis humanitaria se amplía a todo el país.

Señaló que se está viviendo una crisis con graves consecuencias en el departamento que tiene poco más de 1’200.000 habitantes y está recibiendo a más de 300 mil migrantes. Esto sumado a tener el asentamiento más grande de migrantes en todo el continente.

“Usted vio con sus propios ojos señor Canciller: son condiciones terribles y que, si no nos preparamos y no tomamos decisiones desde ya, las condiciones de vida en La Guajira van a ser catastróficas. Nosotros hoy elevamos nuestra voz para que por favor se nos escuche y nos ayuden para poder tener una respuesta inmediata a las necesidades que son apremiantes”, señaló.

En ese sentido, pidió al gobierno más recursos y decretar la emergencia migratoria en este departamento.

"Una de las salidas que pude plantear fue poder atender esto a través de la 2135, que es la ley de atención y emergencia fronteriza, porque el artículo 17 desarrolla muy bien todas las condiciones complejas que se están viviendo en la zona de frontera principalmente aquí en el departamento de La Guajira”, sostuvo.

A su turno, Genaro Redondo, alcalde de Riohacha, pidió a los congresistas “legislar en políticas públicas migratorias”, teniendo en cuenta la crisis que se vive en la ciudad, en donde por lo menos 5 o 6 barrios son completamente de migrantes.

“Nosotros tenemos que llevar servicio de agua potable, saneamiento básico, vivienda, entre otros y con estos presupuestos que tenemos es difícil. Tenemos lo que nos permite desde nuestro presupuesto, pero sabemos que no alcanza”, expresó.

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Para las autoridades, el municipio de Maicao es la zona donde se tiene el mayor impacto en esta migración de Venezuela, no solo por la cercanía con el vecino país, sino por las precarias condiciones para su atención.

De acuerdo con cifras entregadas por su alcalde, Miguel Aragón, que las calificó como “alarmantes y preocupantes”, el municipio tiene 4 migrantes por cada 10 habitantes, para un total de 67.000 migrantes en total, que equivale a tener un municipio dentro de otro municipio.

Sin embargo, la mayor preocupación es de lo que pueda pasar hacia un futuro, pues actualmente se tienen problemas de energía, de salud y hasta de salubridad puesto que las autoridades locales no dan abasto ante la situación.

“Si ya nosotros tenemos dificultades para atender nuestra población ahora imagínese la dificultad que tenemos para mantener a 67.000 migrantes que están asentados en varios sectores del municipio especialmente La Pista, que es uno de los más grandes”, señala.

Y agregó: “Por ejemplo, tenemos problemas de energía Y no solo en La Pista. También en barrios aledaños. Como las interconexiones ilegales de energía. Tenemos problemas de salubridad pública. Falta de alcantarillado. Y saneamiento básico en este sector. Es muy alarmante pensar hoy que esta población puede aumentar a una cifra inimaginable".

Señaló el mandatario que migrantes asentados en Maicao le manifestaron que muchos volvieron a Venezuela por las elecciones, pero que a causa de los resultados y hasta de la persecución que viven los de oposición, están volviendo a Colombia y hasta recibiendo más familiares.

"Aun no vemos aún el efecto de este proceso porque la gente de una u otra forma está esperando el desenlace de todo esto. Nos sentimos muy preocupados, no nos sentimos preparados para un estallido social que se pueda presentar en Venezuela realmente. Es nuestro mayor temor hoy en día”, sostuvo.

Por su parte, la representante a la Cámara Mary Anne Perdomo pidió enfáticamente acciones al gobierno, debido a la crisis humanitaria que puede empeorar en zonas fronterizas como La Guajira o Norte de Santander.

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“Estamos preocupados por lo que va a pasar, pero también tiene que repercutir sobre lo que está pasando con las necesidades de Colombia, no solamente en La Guajira, sino en todos los departamentos, la necesidad de que haya buena salud sobre todo nuestros niños y nuestras niñas indígenas aquí en la Guajira ¿Como vamos a dar de comer o donde dormir cuando nosotros tenemos dónde comer?”, advirtió.

Son preocupaciones infundadas  

Luego de escuchar las preocupaciones por parte de mandatarios locales, autoridades y los mismos congresistas, el canciller, Luis Gilberto Murillo, buscó calmar esas preocupaciones señalando que el flujo migratorio en la frontera con Venezuela ha disminuido y que la masiva llega de migrantes al país son pensamientos “sin fundamento”.

"Lo que hemos visto es que están regresando venezolanos a Venezuela y no se ha registrado un alza en la llegada de migrantes, al contrario, se está estabilizando y hasta va a la baja según los últimos datos de Migración Colombia. Esas preocupaciones son infundadas y por tanto no queremos generar pánico”, señaló.

Asimismo, Murillo descartó decretar la emergencia migratoria solicitada por el gobernador de La Guajira, al señalar que “las cifras nos dicen que no. Lo que sí nos comprometimos con el gobernador fue a darle mayor atención a los asuntos fronterizos y la próxima semana la Cancillería estará en una feria de servicios. Estamos dando prioridad”, añadió.

Finalmente, Murillo recalcó en la crisis económica que se generó tras el cierre de la frontera con Venezuela, por lo cual insiste en ayudar a la población migrante y confía en que en las próximas semanas espera comunicar avances de la gestión que adelantan junto a Brasil y México para una salida negociada a la crisis política en Venezuela.  

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