La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato del periodista Cristian Herrera Mariño, ocurrido en Cúcuta, y pidió a las autoridades adelantar una investigación rápida y exhaustiva que permita identificar y judicializar a los responsables del crimen.

A través de un pronunciamiento oficial, la entidad expresó su solidaridad con la familia, colegas y amigos del comunicador, quien además era corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Norte de Santander e integrante de su Junta Directiva.

La Defensoría destacó que Herrera dedicó gran parte de su labor periodística a investigar temas relacionados con la corrupción, el crimen organizado, la impunidad y la situación de orden público en el Catatumbo, contribuyendo a visibilizar problemáticas que afectan a las comunidades de la región.

Asimismo, recordó que el periodista contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales no lograron evitar el ataque que acabó con su vida.

Llamado a la Fiscalía

En su comunicado, la entidad solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las investigaciones, establecer los móviles del crimen y priorizar el análisis de los temas que cubría el periodista, así como el contexto de violencia que enfrenta Norte de Santander y la región del Catatumbo.

La Defensoría también advirtió que el asesinato de Herrera se suma al del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido semanas atrás en Antioquia, una situación que, según señaló, evidencia los riesgos que enfrentan los comunicadores que ejercen su labor en territorios afectados por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.

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La entidad aseguró que el asesinato de periodistas constituye una de las formas más graves de censura, ya que genera miedo, promueve la autocensura y limita el derecho de las comunidades a estar informadas sobre lo que ocurre en sus territorios.

"La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida", señaló la Defensoría, al tiempo que reiteró la obligación del Estado de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y evitar que hechos como este queden en la impunidad.

Finalmente, el organismo anunció que hará seguimiento a las actuaciones de las autoridades competentes para verificar el avance de las investigaciones y las medidas adoptadas para proteger a quienes ejercen la labor periodística en el país.

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