Grafitis, amenazas, armas, mentiras e intimidaciones formaban parte del accionar de una red de apoyo al terrorismo que el Eln había instalado en Cúcuta, específicamente en los barrios Antonia Santos y San Fernando del Rodeo. Desde allí operaba una estructura que mantenía bajo un manto de terror a comerciantes de distintos municipios del departamento.
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Aunque su principal campo de acción era el área metropolitana de Cúcuta, la investigación también evidenció que esta estructura tenía injerencia delictiva en otros municipios de Norte de Santander.
Fueron seis meses de indagaciones durante los cuales las autoridades lograron perfilar a cuatro presuntos integrantes de esta red, quienes fueron capturados durante un operativo realizado en los barrios mencionados.
Los implicados fueron identificados como Yohanderson Marín, alias Yohan; Ronny Contreras, alias el Menor; Emiliannys Álvarez, alias Yesmar, y Deicy Jiménez, alias el Taxista. Cada uno, según las autoridades, tenía un rol establecido dentro de la estructura, como quedó evidenciado durante las investigaciones.
Según se conoció, los integrantes de esta red actuaban contra empresas de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander y otros municipios. Primero identificaban y perfilaban a sus posibles víctimas para posteriormente ponerse en contacto con ellas.
El principal medio de comunicación era WhatsApp. Desde allí, un hombre que se identificaba como Camilo aseguraba pertenecer al Frente de Guerra Urbano del Eln y exigía entre $20 millones y $70 millones como cuota de ingreso.
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Posteriormente, cada víctima debía realizar el denominado “aporte de guerra”, un pago mensual que oscilaba entre $500.000 y $5 millones. El monto, según la investigación, era establecido por los delincuentes dependiendo del nivel de producción de cada empresa.
Algunos de los afectados eran citados a reuniones en lugares apartados, como la vía a San Faustino o Juan Frío. Una vez llegaban al sitio acordado, eran trasladados hacia territorio venezolano, hasta campamentos clandestinos en los que había referencias al grupo armado y presencia de hombres armados para intimidarlos.
Durante estos encuentros, les hacían exigencias económicas a cambio de no atentar contra sus vidas ni afectar sus actividades comerciales. Según la investigación, la estructura habría recaudado aproximadamente $100 millones mensuales producto de las extorsiones.
“Durante seis meses de investigación logramos identificar su forma de actuar, establecer al menos 18 víctimas y capturar a quienes presuntamente realizaban los seguimientos, fotografías y perfilamientos para posteriormente efectuar las exigencias económicas. No vamos a permitir que nuestros comerciantes sean intimidados ni que estas estructuras continúen financiándose a través de la extorsión”, manifestó el coronel Jimmy Arley Belalcazar Oñate, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
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