La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, logró la condena del exintendente de la Policía Nacional, Carlos Augusto Fernández Raigosa, por su participación en una red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual.
El exagente, quien aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo, fue sentenciado a siete años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas.
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Los hechos sucedieron entre los años 2022 y 2023, periodo en el cual Fernández Raigosa, aprovechando su posición dentro de la estación policial La Candelaria en Medellín, captaba jóvenes bajo la promesa de ofrecerles trabajo como modelos en Francia.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, el exintendente contactaba a mujeres y las convencía de que podrían acceder a un empleo con un salario fijo en Europa. Como parte del proceso de selección, les solicitaba fotografías o videos en ropa interior, material que posteriormente era enviado a los líderes de la red criminal en Francia.
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Una vez aprobadas por la estructura delictiva, las víctimas partían desde el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), hacia destinos en España, como Madrid o Barcelona. Desde allí, eran trasladadas a ciudades francesas como Marsella, Niza y Montpellier.
Al llegar, las jóvenes descubrían que el material audiovisual que habían proporcionado había sido publicado en plataformas virtuales dedicadas a la oferta de servicios sexuales, y que estaban endeudadas con la organización criminal por los costos de los tiquetes aéreos, manutención y otros gastos del viaje.
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La investigación de la Fiscalía reveló que esta deuda se utilizaba como un mecanismo de coerción para obligar a las víctimas a ejercer la prostitución en Francia. La organización criminal obtenía importantes ganancias a través de esta red, que operaba de manera coordinada entre Colombia y Europa. Las autoridades continúan investigando para identificar a otros miembros de la red que puedan estar implicados en la explotación de más mujeres bajo este mismo esquema.
En la sentencia, además de los siete años de prisión, el juez penal especializado de Medellín impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta sanción busca penalizar no solo el delito de trata de personas, sino también el impacto de la explotación de las jóvenes afectadas por esta red.
** Con información de agencias
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