En una franja de la frontera entre Colombia y Ecuador, quien pone las reglas no es el Estado sino los grupos armados ilegales. Fijan toques de queda a las seis de la tarde, controlan qué entra y qué sale, y deciden hasta quién puede pisar el territorio.

Así lo concluyó una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo que recorrió la zona entre el 13 y el 18 de mayo. Lo que encontró su equipo fue un panorama de extrema pobreza, violencia y abandono estatal que la entidad calificó como una crisis humanitaria.

La comisión pasó por los municipios nariñenses de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, Mosquera e Ipiales, y cruzó hasta localidades ecuatorianas como Tulcán, Maldonado y el resguardo indígena Awá de Nulpe Alto. En cada punto verificó cómo el conflicto, las economías ilegales y la débil presencia del Estado golpean a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

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"Esto se expresa en el control de horarios, toques de queda hasta las seis de la tarde, restricción de la circulación, regulación del comercio y definición de quienes pueden o no acceder al territorio", afirmó el defensor regional de Tumaco, Jhon Eyder Viafara Quiñónez.

Para Viafara, el motor de ese control es económico. La expansión de la minería ilegal y los cultivos de coca son, en sus palabras, una "amenaza estructural" para los habitantes de la frontera.

La misión verificó socavones activos y sembríos extensos de coca. También señaló operaciones mineras en suelo ecuatoriano que, según la entidad, no surtieron la consulta previa con el pueblo Awá, el permiso que la ley obliga a pedirles a las comunidades indígenas antes de intervenir su territorio.

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Esas disputas por el control minero terminan en hambre para la gente. Cuando llegó la comisión, el resguardo Nulpe llevaba cinco días sin poder recibir alimentos, porque los bloqueos armados impedían el paso de comida y bienes básicos.

El dato más grave que recogió la misión es el presunto reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Según los testimonios que escuchó el equipo, los menores son usados para la minería ilegal, el transporte de insumos bélicos y otras formas de vinculación a los grupos armados.

El caso no es aislado. Nariño figura entre los 10 departamentos donde más se recluta a menores en el país, según el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, que cerró 2025 con 257 niños reclutados a nivel nacional.

A la violencia se suma el encierro físico de las comunidades. La Defensoría describió un confinamiento y bloqueo humanitario permanente, porque los armados cierran de forma constante las rutas fluviales y los caminos de selva que son la única salida de poblaciones enteras.

"La combinación de aislamiento geográfico estructural, al acceso exclusivamente fluvial o por caminos de selva con bloqueos impuestos por actores armados, produce una crisis humanitaria aguda de acceso de alimentos, salud y movilidad", declaró Viafara.

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La otra cara de ese control es la ausencia del Estado. La entidad la calificó de mínima y puso un ejemplo concreto: en el municipio de Mosquera no hay agua potable y la población solo puede tomar agua lluvia para beber y asearse.

La crisis tiene una dimensión binacional que la agrava. Los mismos grupos que operan en Nariño cruzan a Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa declaró como "grupos armados organizados" a estructuras como los Comandos de la Frontera y a disidencias de las antiguas FARC, tras la emboscada que en mayo de 2025 dejó 11 militares ecuatorianos muertos en la provincia de Orellana.

En el Pacífico nariñense, según análisis de seguridad, se disputan el control disidencias de las FARC del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas como los Comandos de la Frontera. A todas las financia la misma mezcla: coca, oro y rutas de narcotráfico hacia el exterior.

El cuadro encaja con una tendencia nacional. Entre enero y septiembre de 2025 la Defensoría documentó más de 90.000 personas desplazadas por la violencia, un aumento del 335 % frente al mismo periodo del año anterior.

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