El poderoso movimiento indígena de Ecuador cerró algunas vías y marchó en protesta contra la política económica del gobierno y en abierto desafío al estado de excepción que rige en el país por la violencia del narcotráfico.
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Hacia mitad de jornada, el vocero presidencial Carlos Jijón reportó la detención de 18 personas por el bloqueo de carreteras en protestas que consideró de "baja intensidad".
En Zumbahua, en el centro andino, los manifestantes cerraron el acceso a esa localidad con piedras y neumáticos en llamas, según reporteros de la AFP. Mujeres con poncho, picas y palos salieron a la carretera acompañadas de hombres que movieron grandes piedras para obstaculizar el tránsito.
Pese a la advertencia del gobierno de que impediría los bloqueos, no se ha informado oficialmente de choques entre la fuerza pública y los manifestantes.
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"Esta convocatoria (la) hemos hecho para rechazar todo lo que está imponiendo el gobierno nacional", dijo Julio César Pilalumbo, un líder de Zumbahua, en los páramos de la provincia de Cotopaxi (centro) y de mayoría indígena.
"Vamos a resistir y no vamos a declinar ante ninguna represión", agregó.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), convocó junto a otros sectores como obreros y estudiantes a la protesta que incluyó una marcha en Quito el martes por la tarde, sobre la que Jijón dijo que "la fuerza pública va a encargarse de que se respete la ley y el orden".
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En la capital ecuatoriana, la policía acordonó la sede presidencial ante el llamado de los grupos de protesta a manifestarse en rechazo a medidas económicas del gobierno conservador, que se instaló en mayo.
"La paralización representa pérdidas económicas para los pequeños negocios, que son el sustento de miles de familias y hogares ecuatorianos. Dile #NoAlParo, por la reactivación y la prosperidad del país entero", tuiteó el presidente Guillermo Lasso.
Descontento y crisis de seguridad
La agitación social volvió a un Ecuador sacudido por el repunte de homicidios y masacres carcelarias, que este año dejan más de 2.000 muertos en este país de 17,7 millones de habitantes, lastrado además por la depresión económica que trajo la pandemia.
La Conaie, que en 2019 también encabezó violentas manifestaciones contra la eliminación de subsidios a combustibles que dejaron once muertos, rechaza las alzas mensuales aplicadas desde 2020.
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El mandatario decretó un nuevo precio del galón de diésel, que trepó a 1,90 dólares frente a un dólar que costaba hace más de un año, y fijó el de gasolina corriente a 2,55 dólares.
Al mismo tiempo anunció un congelamiento indefinido de esas tarifas, lo que no calmó el descontento popular.
"No tenemos de donde pagar, no hay trabajo para los jóvenes que se prepararon", manifestó Fabiola Gualotuña, una profesora que vive en Zumbahua y debe viajar a una comunidad vecina para dar clases.
Ecuador, que exporta petróleo pero importa combustibles, encara una crisis reflejada en una deuda externa de casi 46.000 millones de dólares (45% del PIB) y un déficit fiscal de 5% del PIB, además del 47% de pobreza y miseria, y 28% de subempleo y desempleo.
Los indígenas, que participaron en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005, exigen al gobierno que congele los precios en 1,50 dólares para el diésel y dos dólares para la gasolina corriente.
Bajo presión
Los indígenas, que representan un 7,4% de la población, se movilizan desde temprano a pesar del estado de emergencia que rige en el país desde el 19 de octubre.
Lasso ordenó el despliegue de militares en apoyo a la policía que combate las mafias del narco, aunque no ha restringido derechos como los de reunión y protesta.
El mandatario, que además enfrenta investigaciones en la Fiscalía y el Congreso por su relación con el escándalo de los Pandora Papers, que reveló paraísos fiscales de los poderosos, lanzó una advertencia a los manifestantes.
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"Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley", declaró. Las protestas apuntan a ser las más nutridas en su corta gestión.
En medio de la agitación, el gobierno presentará al Congreso, controlado por la oposición, reformas tributarias y laborales con miras a reactivar la economía, pero que los sindicatos temen que precaricen el mercado laboral.
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