A casi cuatro meses de los devastadores terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron la franja central y costera del país el pasado 24 de junio, la magnitud real de la tragedia continúa oculta bajo el manto de la opacidad institucional. La brecha entre el relato oficial del Estado venezolano y los cálculos científicos independientes ha vuelto a encender las alarmas de analistas, organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos.
Mientras los balances oficiales presentados por voceros del Ejecutivo interino situaron para el mes de agosto la cifra acumulada de fallecidos en 6.301 personas, estimaciones internacionales independientes pintan un panorama drásticamente más sombrío, según destaca un reporte del New York Times.
Según el sistema PAGER del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la mediana estadística de víctimas mortales causadas por el evento telúrico rondaría en realidad los 53.000 fallecidos. La diferencia —que multiplica por más de ocho el número reconocido por las autoridades venezolanas— pone de relieve patrones de subregistro y posible ocultamiento sistemático de datos por parte del Estado en escenarios de desastre.
Una brecha de más de 46.000 vidas
Durante las primeras semanas tras la emergencia, la vocería oficial sobre el saldo de víctimas estuvo fragmentada. Los reportes iniciales ofrecidos por figuras como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, escalaron progresivamente de 235 a 1.430 muertos en los primeros días de atención en zonas críticas como el estado La Guaira y el área metropolitana de Caracas.
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No fue sino hasta el mes de agosto cuando el gobierno ajustó el balance a 6.301 fallecidos, atribuyendo parte del colapso asistencial a fallas en los servicios públicos e infraestructura. Desde entonces, las actualizaciones oficiales se detuvieron, dando paso a una narrativa centrada en la entrega de viviendas y planes de rehabilitación urbana.
Sin embargo, para los expertos del USGS, la física del sismo y las condiciones del terreno dicen otra cosa. El cálculo de 53.000 muertes proviene de algoritmos de modelado sísmico que analizan la intensidad del movimiento, la densidad demográfica en el epicentro y, de forma determinante, la alta vulnerabilidad de las estructuras habitacionales en Venezuela, dominadas por la construcción informal y la falta de normativas antisísmicas vigentes en sectores populares.
Un patrón de sospecha y opacidad
La disparidad reflejada entre las investigaciones periodísticas internacionales y los datos estatales responde a un problema de fondo: la ausencia de un censo transparente de víctimas, un registro oficial de personas desaparecidas y la falta de acceso público a las listas de morgues y centros de salud.
Organizaciones de derechos humanos como la Vicaría de Derechos Humanos y la ONG Provea han insistido en que la falta de información verificable no es solo un problema de estadística, sino una vulneración sistemática del derecho a la verdad y al duelo de miles de familias.
“La imposibilidad de verificar las listas de fallecidos y no localizados genera un limbo jurídico y humano para los familiares de los desaparecidos, al tiempo que impide canalizar de forma eficiente la ayuda humanitaria requerida para la fase de reconstrucción”, han señalado defensores ambientales y de gestión de riesgos consultados por el NYT.
Analistas coinciden en que la minimización de cifras en eventos de gran magnitud ha sido una constante institucional destinada a contener el impacto político y la percepción de colapso en la capacidad de respuesta del Estado.
A casi cuatro meses del desastre, el contraste entre la versión oficial y el rigor de los modelos internacionales deja en evidencia que el sismo no solo derrumbó estructuras físicas, sino que profundizó las sombras sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el país.
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