La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la suspensión inmediata de la obligatoriedad de las máquinas fiscales en los establecimientos comerciales, una medida orientada a reducir los gastos y las barreras administrativas que enfrentan pequeños y medianos negocios para incorporarse a la economía formal.
La decisión forma parte de un conjunto de cambios tributarios que también incluye una revisión del registro de contribuyentes especiales, la modernización digital de los procedimientos fiscales y el fortalecimiento de los mecanismos de recaudación destinados a financiar programas sociales.
“Suspendo, a partir de este momento, la obligatoriedad de la máquina fiscal”, anunció Rodríguez tras una reunión de trabajo con el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, y autoridades del área económica.
La eliminación de esta exigencia permitirá a los comerciantes que estaban obligados a utilizar esos dispositivos evitar los costos asociados a su adquisición y mantenimiento. La medida podría beneficiar especialmente a negocios familiares, emprendedores y comerciantes de menor escala, al disminuir las inversiones necesarias para cumplir con determinados requisitos administrativos, aunque siguen pendientes las precisiones oficiales sobre los sistemas alternativos de facturación.
Maniglia explicó que la obligatoriedad de las máquinas fiscales constituía una barrera de entrada para la formalización de pequeños y medianos contribuyentes, por lo que su suspensión busca facilitar su incorporación a la actividad económica registrada.
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Más facilidades y menos cargas administrativas
Rodríguez anunció igualmente una reorganización del padrón de contribuyentes especiales, categoría que supone obligaciones adicionales para determinados establecimientos y empresas, entre ellas mecanismos específicos de retención tributaria.
De acuerdo con las cifras presentadas por la mandataria, el número de contribuyentes incluidos en esa clasificación se redujo de más de 132.000 a aproximadamente 44.000, una disminución cercana al 67 %.
La revisión permitió retirar del registro a personas y empresas que no reunían las condiciones correspondientes e incorporar a aquellas que sí cumplían los requisitos establecidos.
Para los contribuyentes excluidos de esa categoría, la modificación puede representar una simplificación de los procedimientos administrativos y una disminución de las obligaciones adicionales asociadas al régimen especial, sin que ello implique una exoneración general del pago de impuestos.
Las autoridades consideran que estas decisiones favorecerán una relación más sencilla entre los ciudadanos y la administración tributaria, al tiempo que procuran ampliar la participación de pequeños negocios en la economía formal.
Mayor recaudación para vivienda, salud y educación
Durante el encuentro, Rodríguez aseguró que los procedimientos de modernización tributaria implementados por el Gobierno han contribuido a un incremento del 27 % en la recaudación fiscal.
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La mandataria informó además que, antes de finalizar octubre, los ingresos tributarios ya habían superado la meta establecida para el mes.
Según el Ejecutivo, el fortalecimiento de la recaudación permitirá disponer de mayores recursos para atender necesidades sociales, especialmente en vivienda, salud y educación.
Entre las prioridades mencionadas figuran la atención a familias afectadas por los sismos registrados en junio, la construcción de nuevas viviendas y los programas de financiamiento para adquisición, alquiler y reparación de inmuebles.
Rodríguez vinculó la transformación tributaria con el principio de justicia distributiva, al plantear que la recaudación debe contribuir directamente a mejorar las condiciones de vida de la población.
En ese sentido, sostuvo que el nuevo modelo debe permitir al Estado cobrar los tributos que correspondan, al tiempo que garantiza un tratamiento más equitativo a los contribuyentes.
Digitalización para simplificar los trámites
Otro componente de las medidas es la modernización de los sistemas de información tributaria, mediante la interconexión del Seniat con instituciones bancarias y organismos públicos.
Rodríguez explicó que la administración tributaria ya intercambia información con la banca nacional, el Banco Central de Venezuela (BCV), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
De acuerdo con el Gobierno, estos mecanismos permitirán mejorar el procesamiento de información, agilizar procedimientos y aumentar la eficiencia de la gestión fiscal.
“Sigamos juntos por este camino de la digitalización, de la modernización, para ser más eficientes en la gestión gubernamental”, expresó la presidenta encargada.
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