Los países de la Unión Europea adoptaron este lunes nuevas sanciones contra siete personas y tres entidades del círculo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la deriva autoritaria en el país, aunque los Veintisiete siguen sin aprobar medidas contra el mandatario centroamericano.
La nueva ronda de sanciones llega después de que España liderara, en el seno de la UE, el proceso para redoblar las medidas contra Ortega tras las elecciones generales del 7 de noviembre que el bloque consideró fraudulentas y que pusieron de manifiesto la persecución contra cualquier voz crítica en el país.
Así, la UE extiende las restricciones de entrar en el bloque y congela sus activos en Europa a dos de los hijos de Ortega y su mujer y también vicepresidenta, Rosario Murillo, Camila Ortega y Laureano Ortega, que ejercen como asesores presidenciales y a los que atribuye maniobras propagandísticas durante las elecciones así como apoyar el encarcelamiento arbitrario e ilegal de precandidatos presidenciales y líderes estudiantiles.
Además, las medidas punitivas afectan a la presidenta del Consejo Supremo Electoral como responsable última de la preparación, celebración y certificación de los comicios de noviembre y a otros individuos relacionados con la organización de unas elecciones que tuvieron lugar en un clima de hostigamiento y sin las condiciones democráticas mínimas.
Asimismo, el bloque europeo ha impuesto sanciones contra la Policía Nacional de Nicaragua por la represión de la oposición al régimen y le acusa de "infligir tratos degradantes, entre ellos torturas físicas y psicológicas" a las personas detenidas ilegalmente.
"La intervención de la Policía Nacional resultó determinante para que Daniel Ortega se librara de competir con una verdadera oposición democrática durante las elecciones generales", aseguran los Veintisiete en la justificación de las medidas restrictivas.
Otras dos entidades objeto de sanciones europeas son el Consejo Electoral Supremo y la empresa de Telecomunicaciones y Servicio Postal estatal por su falta de transparencia y por socavar la democracia silenciando a los medios de comunicación y opositores durante el periodo electoral.
Con estas medidas, la UE extiende las sanciones a 21 personas implicadas en la espiral de violencia política y las elecciones fraudulentas en la deriva autoritaria que vive Nicaragua. El pasado mes de diciembre, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, rechazó una respuesta económica al señalar que el flujo comercial con Managua es escaso y solo dificultaría la vida a los trabajadores nicaragüenses de los sectores afectados.
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