Un grupo de 34 congresistas, 23 senadores y 11 representantes a la Cámara, le solicitó a la Corte Constitucional establecer una medida cautelar frente a las aspersiones aéreas con glifosato, como amparo a los derechos de las comunidades que se verán afectadas por dicha práctica en todo el territorio nacional. 

Los legisladores de diferentes bancadas pidieron que se suspenda, como medida provisional, los efectos jurídicos contenidos en la Resolución 001 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior, y de la Resolución 0694 del 14 de abril de 2021 “por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones” expedida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

La petición, que está contenida en un documento de 17 páginas, se dio luego de que se conociera que la magistrada Gloria Stella Ortiz tiene en su despacho cuatro tutelas que interpusieron varias personas en el pacífico nariñense, en contra de la ANLA, porque no se les garantizó el debido proceso. 

Los accionantes le reprocharon a la Agencia que no fueron tenidos en cuenta en las audiencias públicas que sirvieron para discutir la regulación de esta práctica en el país. Si bien las comunidades fueron invitados a estas diligencias, la mayoría no pudo asistir porque la ANLA no tuvo en cuenta que estaban en lugares con poca cobertura de internet. 

“Observamos con preocupación que, a través de dicha normativa, el Gobierno Nacional pretende reanudar de forma inminente las fumigaciones aéreas con glifosato, en franco desconocimiento de los derechos a la participación y la consulta previa de las comunidades afectadas, y sin cumplir los condicionamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019”, dicen los congresistas. 

La semana anterior se hundió en la Comisión Quinta del Senado un proyecto de ley mediante el cual se pretendía prohibir el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas, en Colombia. Esta iniciativa, según los congresistas, será presentada en el próximo periodo legislativo.

A comienzos de este mes, el Gobierno Nacional expidió también el Decreto 380 que marca la hoja de ruta para retomar la aspersión aérea con glifosato, suspendida desde el 2015 por la Corte Constitucional, una decisión que ha sido ampliamente cuestionada por las comunidades campesinas del país y ha generado reacciones desde diferentes sectores.