Un mal síntoma
La llegada de familias desde la vereda El Cauca no es un hecho aislado, sino que hace parte de una dinámica de grupos armados para penetrar en la zona del Catatumbo y disputar los territorios de los cultivos de uso ilícito.
La Defensoría del Pueblo mantiene las alertas tempranas para proteger a las comunidades vulnerables. Recientes reportes indican que unas 150 personas, integrantes de 40 núcleos familiares han rendido declaración ante el Ministerio Público.
Por su parte, la defensora de los derechos humanos y representante de la Mesa de Víctimas, Maritza Pérez Amaya, expresó su profunda preocupación y solidaridad con las familias desplazadas de las zonas rurales aledañas a Ocaña y el Catatumbo, obligadas a abandonar sus fincas por presiones y combates de grupos armados ilícitos.
Pérez Amaya señaló que el desplazamiento desarticula la economía campesina, vulnera los derechos de niños, mujeres y adultos mayores, y desborda la capacidad de recepción institucional de Ocaña.
Por lo tanto, exige a los actores armados el cese inmediato de hostilidades y el respeto al derecho internacional humanitario, desvinculando por completo a la población civil del conflicto.
Además, solicitó a la Gobernación de Norte de Santander, la Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional la activación de albergues dignos, seguridad alimentaria y atención psicosocial garantizada en Ocaña.
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Asimismo, pide la presencia estatal integral y reclama inversión social urgente en infraestructura, salud y proyectos productivos para la zona rural, de modo que el territorio no quede al arbitrio de economías ilegales.