Una nueva controversia se ha desatado en la provincia de Ocaña, a raíz de la iniciativa encaminada a retomar el análisis de un proyecto de ley que busca reconocer al río Catatumbo como sujeto de derechos y víctima del conflicto armado.
Mientras los dirigentes de Norte de Santander resaltan el impacto de la iniciativa, la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas, Maritza Pérez Amaya, manifiesta que el afluente ya es víctima del conflicto armado y sujeto de derechos según un auto del 12 de marzo de 2026.
“Ningún congresista puede darle un estatus que ya le otorgó la Jurisdicción Especial de Paz”, agregó la defensora.
Sin embargo, la representante Diana Riveros Páez hizo un llamado a defender la iniciativa presentada por su esposo, el fallecido excongresista de la curul de Paz, Diógenes Quintero Amaya.
“El río Catatumbo ha sido testigo de nuestra historia, de nuestros dolores y también de nuestra resistencia”, resaltó la dirigente ocañera.
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Además, indicó que reconocerlo, protegerlo y construir memoria alrededor de él es una deuda con este territorio.
La iniciativa
El proyecto de ley número 297 de 2025 busca declarar al río Catatumbo y su vertiente hidrográfica como sujeto de derechos y patrimonio histórico de la memoria del conflicto armado colombiano.
Asimismo, tiene como objeto reconocer al afluente, en el marco de los procesos de memoria y reparación colectiva de las víctimas del conflicto armado en el Catatumbo.
Con esto, lo que se persigue es la adopción de políticas públicas integrales de conservación, preservación y compensación, considerando la interdependencia entre la diversidad biológica y cultural de esta región.
Igualmente, el articulado dispone que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con las comunidades étnicas y campesinas del Catatumbo, designarán unos delegados que ejercerán de manera conjunta la representación legal del río, asumiendo su tutela, cuidado y garantía de derechos.
En un plazo máximo de seis meses, tras su designación, estas personas deberán conformar la Comisión de Guardianes del río Catatumbo y su vertiente hidrográfica, integrada por delegados de Corponor, la Gobernación de Norte de Santander, la Universidad y organizaciones comunitarias de la zona.
La comisión trabajará de manera articulada con el Ministerio de Ambiente para la formulación e implementación de un Plan Especial de Protección, orientado al cumplimiento de los fines de la ley.
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Finalmente, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación acompañarán y supervisarán el trabajo de los representantes y la Comisión de Guardianes, garantizando el cumplimiento de la ley y del Plan Especial de Protección. Estas entidades rendirán un informe anual a la ciudadanía, detallando las acciones de seguimiento, control y verificación realizadas.
El fallo de la JEP
Mientras que la iniciativa legislativa ya empezó su curso en el Congreso y hasta tiene ponente -el representante conservador José Luis Duarte-, la representante de las víctimas en esta zona del país, Maritza Pérez Amaya, es categórica al afirmar que el fallo de un juez de la República está en firme y ningún congresista puede darle un estatus al río que ya le otorgó la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP).
“Como promovente de la acreditación del río Catatumbo ante la justicia transicional me dirijo a la opinión pública frente a los recientes anuncios de la representante Diana Riveros y José Luis Duarte sobre un proyecto de ley en el congreso sobre el reconocimiento del río, sus afluentes y cuencas. Como víctima del conflicto armado y sujeto de derechos, no es una propuesta legislativa, una promesa futura, ni una iniciativa política en trámite: es una realidad jurídica y cosa juzgada”, expuso.
Además, dijo que acreditar a una víctima del conflicto es una facultad estrictamente reservada a los jueces y no al Congreso de la República.
Pérez insistió en que pretender tramitar o declarar por vía de una ley un estatus judicial que ya fue concedido, “incurre en una duplicidad innecesaria, desconoce el principio constitucional de separación de poderes y genera profunda desinformación en la comunidad”.
“Si los honorables congresistas desean respaldar al Catatumbo, deben hacerlo sumando a los esquemas de gobernanza y protección como sujeto de derechos, pero respetando y reconociendo el logro judicial que las organizaciones, la Mesa de víctimas de Ocaña y la gestión que ya alcanzamos ante la JEP”, sostuvo.
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La representante invitó a los legisladores a enfocar los esfuerzos legislativos en defender a otras cuencas y ecosistemas del país que hoy continúan en el desamparo.
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