Profesionales del derecho, comerciantes, asociación de Juntas de Acción Comunal, movimientos juveniles y usuarios, cansados de tantos abusos trazaron la hoja de ruta para hacer un cabildo abierto encaminado a rescatar a la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO S.A.)
El abogado, Javier Sánchez Mejía, manifiesta que es imperiosa la necesidad de hacer un debate sobre el manejo de la empresa.
“Se están peleando la joya de la corona y los platos rotos lo pagan los abonados. Vamos a utilizar las herramientas para que se aclaren los lineamientos legales en la operación de la empresa sin apasionamientos e intereses políticos”, agregó Sánchez.
Los integrantes del comité por el rescate establecieron los objetivos encaminados a defender los intereses de los usuarios del acueducto y alcantarillado, promover escenarios desde la academia y la sociedad civil organizada para entender y buscar soluciones a la problemática.
Manifiestan que el manejo debe ser trasparente al margen de los diferentes intereses personales que agrava la crisis del acueducto en litigio entre la Alcaldía de Ocaña y la ilegítima junta de la ESPO S.A.
“Es urgente que todos asumamos la defensa de los intereses, porque hasta el día de hoy no conocemos una propuesta concreta y creíble sobre la hoja de ruta. No permitiremos que un grupo de accionistas a través de desleales maniobras jurídicas se apoderen de un patrimonio”, reiteró.
El exconcejal, Fernando Gaona Sánchez indicó que las fuerzas vivas deben exigir soluciones concretas a esos litigios donde un juez de la República ordena a la administración municipal retomar los activos y realizar una licitación pública.
El abogado, Silvano Calvo, propone un cabildo abierto con la participación de todas las fuerzas vivas para definir la suerte de la ESPO S.A.
Pregunta por qué el alcalde, Samir Casadiego, no hizo cumplir el laudo arbitral de la Cámara de Comercio donde declara nula la Junta Directiva de la anterior vigencia y se confió en esta ocasión. “El mandatario asumió una posición displicente, obró de manera ingenua e irresponsable, si hubiese actuado a tiempo no hubiera agudizado el conflicto”, recalcó Calvo.
Ahora la sociedad civil exige respuestas concretas sobre los activos, el contrato ilegal y las presuntas irregularidades cometidas en el manejo de los servicios públicos.
“Mientras esté en manos de los politiqueros y la corrupción, los problemas seguirán y el proceso es bastante largo”, precisó.
Los profesionales del derecho señalan que la empresa va a la deriva y los alcaldes han obrado de manera irresponsables al no diseñar políticas claras frente a la operación de los servicios públicos. “Los usuarios se quejan de las altas tarifas, se ejecutan obras sin contar con un plan de desarrollo por parte de un gerente que no tiene perfil y el déficit supera los 10 mil millones de pesos. Existe un retroceso de 15 años y se requiere la intervención de la Superintendencia de los Servicios Públicos”, puntualizó el profesional del derecho.
