A pocos días de cumplir 89 años, el abogado Sanín Antonio Mena permanece desaparecido tras haber sido secuestrado el 26 de mayo de 2023 en el sur del departamento del Cesar. Su prolongada retención lo convirtió en uno de los secuestrados de mayor edad registrados en el país y en símbolo de una problemática que continúa afectando a familias de la provincia de Ocaña y de la región cesarense.
A tres años de su desaparición, sus hijos siguen sin conocer de su paradero ni recibir información que permita establecer si continúa con vida. La incertidumbre se agrava por las delicadas condiciones de salud que presentaba antes de ser retenido y por la ausencia de avances concretos en las investigaciones.
Los familiares han acudido a organismos defensores de derechos humanos, entidades estatales y autoridades nacionales en busca de respuestas. Incluso solicitaron la intervención del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, sin obtener resultados que permitan esclarecer el caso.
Ante la falta de información, la familia también ha insistido en la necesidad de acelerar los estudios antropológicos y forenses de unos restos óseos hallados en diciembre del año pasado cerca de una finca de su propiedad en el corregimiento de Montecitos, jurisdicción de Río de Oro.
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“Esas pruebas especializadas han tardado demasiado”, afirmó Marcel Mena, hijo del abogado, quien sostiene que la familia solo busca conocer la verdad y recuperar a su padre, vivo o muerto.
Cuatro décadas bajo amenaza
La historia de los Mena está marcada por el secuestro y la extorsión desde hace más de 40 años.
Según relatan sus familiares, Sanín Antonio Mena fue secuestrado por primera vez el 23 de noviembre de 1986 cuando se movilizaba junto a sus hijas por la quebrada Peralonso, en el corregimiento de Montecitos. Hombres armados interceptaron el vehículo y lo llevaron por la fuerza.
Meses después recuperó la libertad tras el pago de una elevada suma de dinero. Sin embargo, el episodio no fue el último. Tiempo después volvió a ser retenido durante un secuestro exprés en la sabana de Tarimba.
La situación se repitió en 1989, cuando fue obligado a retirar dinero de una entidad bancaria en Aguachica. Los delincuentes también se llevaron su vehículo, que posteriormente fue localizado en un parqueadero de Bucaramanga.
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La persecución contra la familia continuó durante las siguientes décadas mediante amenazas y exigencias económicas. En 2019, la víctima fue su hijo Andrés Iván Mena, quien también fue secuestrado.
Un fenómeno que persiste
El caso de Sanín Antonio Mena se suma a una larga lista de secuestros registrados en la provincia de Ocaña y el sur del Cesar durante las últimas cuatro décadas.
Familiares de víctimas y líderes comunitarios advierten que la práctica continúa afectando especialmente a adultos mayores, muchos de ellos con problemas de salud, cuya retención genera una presión adicional sobre sus allegados.
Según denuncian, estructuras delincuenciales recopilan información sobre posibles víctimas, realizan seguimientos y posteriormente las entregan a grupos armados ilegales que exigen elevadas sumas de dinero para su liberación.
“Persiguen a personas mayores porque saben que la angustia de las familias acelera las negociaciones”, sostienen allegados de algunos de los afectados.
Entre los casos que aún permanecen en la memoria de la región figura el del comerciante Diofante Omeara, secuestrado en la década de los años 80 y posteriormente asesinado por sus captores.
En los años 90, los hermanos Pedro, Ramón y Federico Cabrales fueron retenidos y nunca regresaron a sus hogares, pese a que sus familias pagaron las sumas exigidas para su liberación.
La misma suerte corrió el comerciante Isidro Arias Garzón, secuestrado hace dos décadas.
Otro hecho que generó conmoción ocurrió el 19 de marzo de 2020, cuando hombres armados sacaron por la fuerza de su parcela, ubicada en el corregimiento de Venadillo, al avicultor Evangelista Bohórquez Contreras, de 76 años.
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Más recientemente, este año fue secuestrado Jorge Trigos, de 76 años, cuando salía de un centro religioso. Desde entonces sus familiares no han recibido llamadas, mensajes ni pruebas de supervivencia.
A la lista se suman los hermanos Nadín y Jhon Ortiz Soto, retenidos el pasado 22 de abril y cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Familias reclaman acciones efectivas
La persistencia de estos casos mantiene la preocupación entre los habitantes de la región, quienes cuestionan la capacidad institucional para enfrentar un fenómeno que ha dejado decenas de víctimas durante más de cuatro décadas.
Mientras los familiares continúan esperando respuestas, crece el reclamo para que las autoridades fortalezcan las labores de inteligencia, investigación y búsqueda que permitan establecer el paradero de las personas secuestradas y prevenir nuevos casos.
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Para quienes han vivido esta realidad, el secuestro sigue siendo una herida abierta que atraviesa generaciones enteras y que aún no encuentra una respuesta definitiva por parte del Estado.
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