Luego de un proceso jurídico con la intención de recuperar los bienes inmuebles, la Gobernación de Norte de Santander solicitó la devolución de la Casa del Deporte, ubicada en el barrio San Francisco de Ocaña.
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En atención a una querella la inspección de policía había programado para hoy el lanzamiento de la vivienda, habitada por Ramón Antonio Torres González, quien ha cuidado el inmueble durante 29 años. Sin embargo, una medida cautelar del Juzgado Segundo Municipal de Ocaña aceptó una acción de tutela y suspendió el procedimiento.
Desde la jefatura de prensa de la Gobernación aclararon que no corresponde a un lanzamiento sino a la entrega voluntaria del inmueble por parte del ocupante.
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De todas maneras, las acciones jurídicas están avanzadas a la espera de una nueva fecha para la devolución de esta casona. Trascendió a este medio que ya se encuentra todo listo para entregarla a la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo.
Un punto de encuentros
La Casa del Deporte se ha convertido en el punto de encuentro de los representantes de las distintas disciplinas deportivas, allí funciona una cooperativa de confecciones y además dictan cursos de manualidades a la tercera edad.
Después de efectuar las respectivas audiencias de conciliación entre las partes se había fijado el 12 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana para la entrega de la casona por una presunta perturbación de la posesión del inmueble.
La acción de tutela frenó esas intenciones y esperan los resultados donde el celador reclama una indemnización por su labor. Torres González y su esposa Gladys Acosta manifiestan que no tienen hacia dónde trasladar las máquinas utilizadas para promover las confecciones.
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Por esta razón, solicitaron un compás de espera mientras se adecúa un sitio para continuar desarrollando los programas sociales con las mujeres cabeza de hogar y los adultos mayores.
Un punto de encuentros
La Casa del Deporte se ha convertido en el punto de encuentro de los representantes de las distintas disciplinas deportivas, allí funciona una cooperativa de confecciones y además dictan cursos de manualidades a la tercera edad.
Después de efectuar las respectivas audiencias de conciliación entre las partes se había fijado el 12 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana para la entrega de la casona por una presunta perturbación de la posesión del inmueble.
La acción de tutela frenó esas intenciones y esperan los resultados donde el celador reclama una indemnización por su labor. Torres González y su esposa Gladys Acosta manifiestan que no tienen hacia dónde trasladar las máquinas utilizadas para promover las confecciones.
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Por esta razón, solicitaron un compás de espera mientras se adecúa un sitio para continuar desarrollando los programas sociales con las mujeres cabeza de hogar y los adultos mayores.
No saben qué camino tomar
“Estoy aquí desde abril de 1994, con Gladys y mis hijos la hemos cuidado, he oficiado como celador durante más de 28 años y nunca he devengado un peso, todo el mantenimiento ha salido de mi bolsillo. Ahora la Gobernación está en un proceso de recuperación de todos los bienes y está en todo su derecho, pero sí deberían tener consideración ya que hemos desarrollado una misión social”, recalcó.
Agregó que si había un lanzamiento no tendría para donde trastearse e insistió que tenían una maquinaria, donada por las ONG para ayudar a la población vulnerable y además se dictan clases de confecciones y manualidades a las señoras de la tercera edad.
En efecto, existe una Cooperativa Multiactiva de Confecciones que agrupa a 25 mujeres como alternativa para mejorar las condiciones de vida en sus hogares.
También la casona ha servido de epicentro para coordinar las acciones de las distintas disciplinas del deporte en Ocaña.
“Lógicamente no me voy a quedar con la casa, pero que la Gobernación sepa que le cuidé la estructura durante estos años. Solamente venían a mirar y nunca regalaron un pote de pintura, una carretilla de arena o una paca de cemento. Todo el mantenimiento corrió por mi cuenta”, precisó.
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Las abuelas que adelantan cursos de manualidades solicitaron que se declare ese inmueble como un centro de atención para la tercera edad.
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