Hace algunos días, académicos y analistas de diversos países nos alertaba de varios hechos que amenazan a Latinoamérica y el Caribe, poniendo voces de alarma sobre la supervivencia de la democracia como sistema de gobierno, ante el avance dramático de los índices de pobreza  (ratificados en un Informe reciente de CEPAL), la derrota en la lucha en contra del deterioro medioambiental, la caída de los precios de nuestros productos estratégicos, la imposición del narcotráfico y todas sus secuelas dañinas para nuestras sociedades, y como si todo ello ya no fuera suficiente, tenemos el avance de la corrupción tanto en el ámbito público como en el privado.  Y la pandemia, ahora campea en su versión Omicrón aumentando el sufrimiento de millones de ciudadanos que se baten en condiciones de carencia generalizada.

40 años atrás se iniciaba la “tercera ola” democrática en América Latina, con lo cual décadas oscuras de dictaduras militares y personalistas daban paso al restablecimiento democrático.  Desde los 60 Cuba siempre ha sido la excepción, viniendo a sumarse Venezuela y Nicaragua con posterioridad, mientras otros países han tenido regímenes híbridos.  Desde el inicio de la pandemia (marzo de 2020) más de la mitad de los países han experimentado erosión y un importante número de gobiernos aprovecharon las restricciones sanitarias para debilitar el estado de derecho, las libertades y los controles institucionales.

Si hay algo distintivo de este proceso de deterioro democrático, lo encontramos en que los gobernantes han sido electos y son ellos mismos quienes erosionan las instituciones y libertades, no pudiendo aplicárseles como sanción la Carta Democrática Interamericana por no estar actualizada y asi no ser aplicable a estos nuevos formatos de erosión democrática.

La ciudadanía esta insatisfecha con el desempeño de los gobiernos y por ello se está imponiendo un sentimiento anti sistémico que lleva a los ciudadanos a dejarse seducir por cantos de sirenas que proponen políticos de características autoritarias.

De allí que la renovación de las clases dirigentes con vocación de escucha y responsabilidad social es una tarea imperiosa para la salud de la democracia de nuestros países.  El riesgo de profundizar la desconexión actual de las elites con las necesidades y demandas de la ciudadanía puede llevarnos a una obstaculización del consenso democrático.  Por ello que, no se debe bajar la guardia.