La caída anual del 6,77% en el recaudo de impuestos este año, con corte hasta octubre, está pasando factura al crecimiento económico de Colombia. Y uno de los síntomas es la contracción de la inversión del Gobierno nacional.

Este recaudo tributario sigue en sus peores cifras en dos décadas, solo superado por la pandemia: de enero a octubre de 2024, llegó a $223,86 billones, según la Dian, esto equivale a $16,25 billones menos frente al mismo periodo del 2023, calculó el economista Diego Montañez, consultor del BID y de la Eafit.

Este desplome se vio, según el Dane, en el sector de administración pública, que venía creciendo al 2,5% en abril, apenas subió un 0,52% en agosto. Y con el recorte del gasto público, que arrancó en $20 billones y ahora viene otro de $33 billones, como lo anunció el Ministerio de Hacienda, ha sido una de las causas clave en el crecimiento de tan solo 2% del PIB durante el tercer trimestre.

El consumo del gobierno, que mide cuánto gasta el Estado, cayó un 8,3% entre julio y septiembre de este año, la segunda mayor contracción desde 2005, detalló Andrés Langebaek, director Estudios Económicos del Grupo Bolívar. Y los expertos anticipan que el último trimestre del año también traerá cifras negativas.

Para entender la magnitud de este descalabro en el gasto del Gobierno, el economista Mario Fernando Cruz recordó que el gasto público en Colombia representa 34% del PIB, que se ha multiplicado por cuatro desde la Constitución del 91, y hoy es 6% más alto que México y 11% que Chile.

En este orden, el equipo de Investigaciones Económica del Banco de Bogotá alertó que el recaudo tributario volvió a ubicarse por debajo de la meta del Gobierno en octubre. Así, el faltante en ingresos completa los $9 billones frente al objetivo del Marco Fiscal, por eso, estimaron que hay un desfase entre $12 billones y $13 billones.

Con estas cifras, estimó el docente y economista Germán Machado, los ingresos terminarán el año $76 billones por debajo de lo esperado en el presupuesto 2024, y para cumplir la Regla Fiscal, el Gobierno Nacional tendrá que recortar o dejar de ejecutar $58 billones del presupuesto de este año.

Les echaron tijera a varios sectores

Por lo tanto, el recorte que ya se hizo por $20 billones y el que viene por $30 billones en el presupuesto general traerá consigo consecuencias, especialmente, en la inversión pública, que será la más perjudicada. Según Henry Amorocho, consultor y docente experto en Hacienda Pública, “estos recortes impactarán áreas sensibles como el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Vivienda, Transporte, Minas y Energía, y Medio Ambiente”.

Amorocho señala que el Ministerio de Igualdad es uno de los más afectados, ya que su ejecución ha sido limitada y es visto como un sector donde se pueden “agarrar recursos”. En el caso del Ministerio de Vivienda, el recorte podría afectar directamente los subsidios de vivienda, un programa crucial para miles de colombianos.

Aunque de manera residual, el sector de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto con Minas y Energía, también tendrán que ajustar proyectos. “Tocará pellizcar recursos y recortar proyectos en estos sectores para hacer coincidir el presupuesto con la realidad del recaudo”.

La baja ejecución presupuestal se traduce en una menor entrega de bienes y servicios a la población, eso ya se ve en menores transferencias monetarias en los programas de Prosperidad Social. “El problema no ha sido de dinero, sino de mala planificación del presupuesto. Esto afecta directamente la recuperación económica, que depende en gran medida del gasto público”, afirmó.

Según el experto, la ejecución del presupuesto podría terminar en un 85% del total, dejando sin utilizar cerca del 15%. Esto contrasta con la necesidad de dinamizar la economía, que depende de una ejecución eficiente de los recursos públicos.

Los sectores más afectados

El primero en pegar el “grito en el cielo” por los recortes en inversión fue Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, quien advirtió sobre un drástico recorte presupuestal en lo que resta del 2024 y el 2025, que reducirá los recursos de la entidad casi a la mitad, pasando de $10,1 billones a $5,3 billones.

“La recortada será violenta”, afirmó, y señaló que este ajuste no es culpa de la entidad ni del Gobierno, sino de una situación económica que obliga a medidas de austeridad. Bolívar explicó que las transferencias se reducirán significativamente y que se está evaluando cómo distribuir los recursos entre los cuatro programas de la entidad.

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Priorizó proteger a los beneficiarios en pobreza extrema, personas con discapacidad, madres con niños menores de seis años y adultos mayores, pero advirtió que las transferencias a poblaciones vulnerables no todas se realizarán en los próximos meses. Pero detalló que, respecto al programa Renta Ciudadana, ya se han completado cinco de los siete pagos previstos para este año y que el sexto está garantizado, aunque reconoció que el recorte podría generar tensiones.

Otro sector que lanzó un S.O.S. es el de la vivienda. Camacol, el gremio de la construcción en Colombia, alertó que la reducción en la disponibilidad de subsidios por falta de recursos, sumado a las medidas arancelarias en el acero, ponen en jaque la producción de vivienda de interés social, que afecta la demanda de los hogares de menores ingresos.

“La principal preocupación del gremio es que la menor disponibilidad de subsidios vuelva a generar un crecimiento en el número de hogares que deben desistir de la compra de su vivienda. Esto necesariamente afectará los ritmos de obra y el empleo, en un escenario en el cual no se ha implementado el plan de reactivación del sector anunciado por el Gobierno Nacional”, afirmó Guillermo Herrera, presidente del gremio.

Se prevé que el presupuesto para programas de vivienda se reduciría en un 39% pasando de $4,3 billones en 2024 a $2,66 billones en 2025. Así las cosas, el Ministerio de Vivienda manifestó que solo cuenta con recursos disponibles para 20.500 de los 50.000 subsidios de Mi Casa Ya anunciados por el Gobierno Nacional para el próximo año. Cerca de 6 mil de los 20.500 subsidios ya se encuentran preasignados.

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El impacto del recorte presupuestal traerá serios efectos económicos. “Si a los desistimientos se le suma la caída en las ventas, el ritmo de inicios de obra podría ubicarse por debajo de las 55 mil VIS en 2025, un nivel cercano al que se observó entre 2010 y 2011”, señaló Herrera, quien agregó que los menores ritmos de obra se traducirían en la pérdida de 200 mil puestos de trabajo durante 2025.

Caso Icetex, la polémica del recorte de recursos

Esta semana el país vio una nueva polémica sobre los recortes que está haciendo el Gobierno en la inversión pública, ahora fue el caso del Icetex, tras varias denuncias por la demora en los giros a la entidad que otorga créditos educativos, lo que despertó dudas sobre las vigencias de este y el próximo año.

Por ejemplo, el exministro de Educación y excandidato presidencial, Alejandro Gaviria, aseguró que el mal manejo de caja ya está afectando a los estudiantes. Y alertó “el Ministerio de Educación pretende quitarle un billón de pesos al Icetex en 2025, lo que llevaría a un incumplimiento de compromisos constitucionales: condonaciones prometidas que no se darán, tasas de interés mucho más altas a las acordadas, etc”.

A lo que el ministro Daniel Rojas salió al paso y confirmó que sí hay recursos para el 2024, que estos están asegurados, y justificó las demoras de los giros debido a una “reprogramación” en la asignación de caja por el Ministerio de Hacienda.

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De acuerdo con MinHacienda, en noviembre, se han entregado por lo menos $600.000 millones al Ministerio de Educación para el manejo de caja del Icetex. “Son falsas las versiones que afirman que los recursos por $432.000 millones fueron recortados al Icetex en la vigencia 2024. Los estudiantes pueden estar tranquilos, pues estos giros fueron solicitados y reprogramados por Ministerio de Hacienda para los próximos meses”, dijo Rojas.

Al caso se sumó la Procuraduría, que envió un equipo hasta MinHacienda para saber qué ha pasado con los desembolsos. Según el órgano de control, la inspección técnica dejó claro el “pimponeo” entre los ministerios de Hacienda y Educación sobre el manejo de los recursos, mientras el Icetex queda en el medio sin cumplir con los compromisos asumidos con las universidades.

Por un lado, MinHacienda dijo que no hay recortes en el presupuesto para educación y que los recursos están asegurados para 2024, pero le pasa la pelota a MinEducación. Mientras tanto, el Icetex, que también fue visitado por un equipo de la Procuraduría, confirmó que no ha recibido unos $328 mil millones necesarios para pagarle a las universidades, para asegurar los créditos educativos para más de 180 mil estudiantes.

En cuanto a las proyecciones para el año 2025, el ministro mencionó que el Icetex enfrentará una reducción significativa en su presupuesto, debido a la coyuntura fiscal. Sin embargo, aseguró que se están gestionando recursos adicionales para garantizar que las poblaciones más vulnerables sigan recibiendo los fondos necesarios para sus estudios.

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La infraestructura, otro sector impactado por el recorte

El panorama de la inversión en infraestructura también está complicado tras los recortes presupuestales. Sectores clave como Invías y la ANI se verán afectados, impactando directamente el desarrollo vial del país. Por ejemplo, MinHacienda había destinado $1,2 billones a la ANI para atender puntos críticos de obras, pero nunca se asignaron directamente a proyectos ni se emitieron los certificados presupuestales.

Al final, el Gobierno recortó $1,16 billones de esta partida, lo que equivale al costo estimado de reparar los 55 puntos críticos de la vía Bogotá-Villavicencio, de los cuales 16, que requerían atención urgente, también quedaron fuera del presupuesto.

Este recorte genera preocupación, sobre todo porque el invierno ha bloqueado otras rutas como la Transversal del Sisga y la del Cusiana, dejando a la región del Llano en riesgo de incomunicación y aumentando los costos de la canasta familiar.

Otro caso alarmante es la vía Medellín-Quibdó, para la cual el presidente Petro había prometido $500.000 millones. A pesar de ser una prioridad, no solo tiene baja ejecución, sino que perdió $60.000 millones del programa ‘Avanza’. Hasta ahora, los recursos siguen atrapados en trámites entre Planeación Nacional y MinHacienda, sin avances significativos.

De esta manera, la falta de ejecución, el recorte en plata y los errores en el diseño presupuestal tienen a transferencias monetarias como Renta Ciudadana, subsidios para vivienda, proyectos viales y créditos del Icetex pasando por momentos críticos, que se ha materializado en frenos de programas clave del país, y colombianos esperando recursos para estudiar, comprar una casa y atender necesidades básicas como un mercado.

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