Diversos sectores han celebrado la decisión de la Corte Constitucional, que amplió siete meses el periodo de la Comisión de la Verdad, dándole plazo para cumplir con sus labores hasta junio del próximo año, con dos meses más para socializar con los colombianos el informe final.

Lo anterior, cabe aclarar, se dio luego de que alto tribunal fallara a favor de una demanda presentada por la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de Los Andes y Dejusticia.

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En esta demanda, las organizaciones aseguraban que era necesario compensar los retrasos causados por la pandemia. “La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición”, expusieron en su petición.

La decisión fue celebrada por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y el secretario general de la ONU, António Guterres, quien además hizo un llamado a la sociedad colombiana para apoyar y respaldar la tarea “titánica” que tiene la Comisión “para esclarecer lo ocurrido durante décadas de conflicto armado y garantizar la no repetición”. 

Bajo este escenario, los retos que tiene la Comisión para enfrentar el futuro próximo no son sencillos, pues debe seguir trabajando en territorios en donde se presenta un recrudecimiento de la violencia y, por tanto, debe dar cara a condiciones de seguridad difíciles.

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La Comisión reveló que su informe final será entregado el 27 de junio de 2022 y contará con tres componentes: una declaración general que presente un relato comprensivo e histórico de lo sucedido, una profundización de los hechos a través de nueve capítulos y un apartado que indique las recomendaciones que se le entregarán al país.

En conversación con Colprensa, el comisionado Saúl Franco aseguró que, además de trabajar en medio de la violencia, también tienen el reto de seguir sus labores en pandemia y en un escenario electoral que complica aún más las cosas.

“El reto de nosotros es optimizar este plazo tratando de culminar bien los procesos que vengan en curso del esclarecimiento y los procesos de reconocimiento. Estamos haciendo un esfuerzo por ver con la mayor claridad posible qué fue lo que pasó. Ya tenemos un mapa bastante grande de la realidad, pero hay puntos que nos faltan y, en este sentido, es una oportunidad muy grande para aclarar más lo sucedido”, aseguró.

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Sobre la coyuntura, el comisionado aseguró que “ya estamos prácticamente en campaña y a la Comisión le va a tocar actuar en esa condición y es muy complicado. La Comisión no es partidista, no tiene interés en ningún candidato, le interesa que gane la verdad y la reconciliación, que se consolide el interés por la paz”.

En medio de la conversación, Franco, un médico con doctorado en salud pública e investigador de la violencia y del conflicto armado, reconoció que hay una situación tan apremiante como las anteriores y son las voces en contra que tiene tanto la entidad como el sistema integral en conjunto.

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Lo que falta

Si a esto se le suma que hay sectores que aún no han reconocido sus responsabilidades dentro del espiral de violencia que sacudió al país durante décadas, la labor de la Comisión también puede verse mermada por terceros; tiene el reto de mirar el pasado y abrir caminos para el futuro para que estos hechos no vuelvan a suceder.

En ese sentido, Diana Marcela Agudelo, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, dijo que es imperativo apropiarse del informe final de la entidad.

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“Vemos, por ejemplo, que el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene una cantidad de material importante que no ha sido apropiado por los colombianos, entonces el reto está en qué hacemos con eso. El trabajo con la Comisión de la Verdad es una oportunidad para que no nos pase lo mismo, la magnitud de la investigación es enorme y el reto es incluir las voces de todo el mundo, de las víctimas y los victimarios, para que como sociedad veamos cómo podemos mejorar”, detalló.

Lo que se plantea en el interior de este organismo es que en el proceso de socialización se pueda volver a los lugares visitados para entregarles a las víctimas y a los victimarios el material encontrado y con ello se cree un interés mayor en la sociedad, no solo para entender el conflicto, sino para no repetir los errores del pasado.

“Estamos con el compromiso de entregar un informe de la mejor calidad posible”, dijo Franco, y agregó que la estrategia para culminar de la mejor manera esta tarea consiste en pisar el territorio, teniendo contacto con la gente y con una presencia más activa en las regiones que les permita captar mucho mejor todas estas dimensiones de la realidad. 

El reto

¿Pero cómo hacerlo sin que sus críticos la vinculen a un partido o grupo político en la temporada de elecciones que se avecina?

Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, plantea que es clave que el informe se produzca una vez ya haya concluido el debate presidencial y el debate electoral del próximo año.

“El informe, sin duda, va a ser un documento de la mayor importancia y se hubiera perdido en esos vaivenes de las discusiones de los candidatos, por eso es importante ese tiempo (los nueve meses adicionales)”, argumentó. 

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Vargas, además, sostuvo que bajo la conducción del padre Francisco de Roux la entidad ha definido una metodología en la que ellos tienen un panorama y un camino ya trazado, por eso “los retos que tienen es por tema de verdades, tienen que lograr como Comisión ensamblar las múltiples versiones que, sin duda, van a recibir de parte de actores multiversos”.

Sobre el tema de la verdad, Franco enfatizó una frase contundente: “aunque duela, nos sirve a todos”, de allí que explique que los colombianos deben entender que ese paso es importante y debe desencadenarse ese proceso para que esté inmerso desde la escuela primaria hasta las universidades y abarque todos los actores posibles de la sociedad, incluso los enemigos de la Comisión.

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