El Consejo de Estado admitió este lunes una nueva demanda que busca tumbar la elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo. La Sección Quinta del alto tribunal decidió estudiar la acción judicial presentada por los ciudadanos Larzon Cárdenas y Juan Manuel Retis, quienes argumentan que la Corte Suprema de Justicia fue objeto de supuestas presiones y actos de violencia durante el proceso de elección.
Según los demandantes, el 8 de febrero de 2024, durante una de las sesiones plenarias para elegir al fiscal general, el Palacio de Justicia sufrió un "asedio" y un "bloqueo violento e ilegal". Además, se menciona un llamado del presidente Gustavo Petro, realizado el 2 de febrero, para una movilización social en apoyo a su candidato.
La demanda sostiene que estos actos violentos y de presión obstaculizaron el ejercicio libre e independiente de la función electoral de los magistrados, comprometiendo así la separación de poderes.
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"La Corte Suprema de Justicia fue sometida a presiones constantes para la rápida elección de la fiscal general por parte de simpatizantes del gobierno nacional. Estas presiones afectaron la libertad de decisión de los magistrados y viciaron el proceso electoral", se lee en el documento.
Por su parte, la Corte pidió al Consejo de Estado que desestime la demanda, afirmando que "no existe evidencia de que se haya comprometido la independencia y autonomía de la Corte o de sus magistrados durante el proceso de elección". Sobre las protestas del 8 de febrero, señalaron que "no se puede afirmar que algún magistrado haya visto minada su voluntad al votar".
Asimismo, el presidente Gustavo Petro defendió el proceso, asegurando que "la elección de la fiscal general se realizó conforme a las normas legales y constitucionales, y con respeto al debido proceso".
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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, declaró que la demanda "no demostró cómo la violencia mencionada podría haber doblegado la voluntad de la Corte Suprema. Se limitó a suponer que la existencia de violencia durante el proceso podría vulnerar la imparcialidad de los magistrados, pero no se estableció un impacto real en el resultado de la elección".
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