El Hotel Villa Antigua, en Villa del Rosario, será escenario hoy de un debate que se viene dando desde hace varias semanas en el país y al que cada día se le suman nuevos ingredientes: el de la  reforma a la salud que propone el Gobierno y a partir de la cual se le daría un giro radical al sistema que funciona actualmente.

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A la audiencia pública prevista para las 7:00 de la mañana están invitados los representantes de los diferentes sectores que han manifestado inquietudes y preocupaciones frente al contenido de la iniciativa.

Uno de esos gremios que participará de la sesión convocada por la Comisión Séptima de la Cámara y organizada por el representante de Norte de Santander, Jairo Cristo, es Gestarsalud, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud que tiene hoy a su cargo más de 26 millones de personas de todo el territorio nacional en el régimen subsidiado, 1’210.640 en Norte de Santander.

Y lo harán para insistirle a la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien encabezará la audiencia, en los riesgos que podría representar el hecho de cambiar un sistema de muchos años por algo incierto que no se ha probado.

“La afectación va a ser para todos y justo en momentos en que se está ganando en igualdad. Hoy vamos en un punto bien y empezar de cero un sistema nacional de salud, que no se ha probado, del que no existen antecedentes, es un salto al vacío, es un riesgo”, manifestó Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud.

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La dirigente gremial fue enfática en que hay que ser muy sensatos frente a la reforma que se está proponiendo por parte del Gobierno, toda vez que una cosa es lo que se consigna en el papel y otra muy diferente llevarlo a la práctica.

“Dicen: tranquilos que nada va a pasar, pero nosotros sí sabemos qué va a pasar, porque llevamos 30 años trabajando en esto. Aquí lo que está en riesgo es la salud de 50 millones de personas”, insistió Dávila.

Las principales preocupaciones

El gremio que asegura a los pacientes del régimen subsidiado es consciente de que el sistema de salud que funciona hoy en día en Colombia necesita reformas y transformaciones importantes, en aspectos como la infraestructura hospitalaria y las condiciones del talento humano.

En ese sentido, aseguran que la reforma a la salud que propone el gobierno de Gustavo Petro tiene aspectos importantes  que comparten y respaldan.

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“Reconocemos que el país tiene que avanzar en varios aspectos que se han propuesto y por eso afirmamos que existe un consenso nacional en, al menos, los siguientes puntos que también aborda la reforma del Gobierno: fortalecer la atención primaria en salud y el trabajo intersectorial para trabajar los determinantes de la salud; mejorar la infraestructura de la red pública hospitalaria, el acceso a los servicios de salud en las zonas rurales y las condiciones de trabajo del talento humano en salud, así como incrementar su formación”, dice la directora de Gestarsalud.

Sin embargo, fue enfática en que una de las mayores preocupaciones que les asiste es que se está planteando un modelo esencialmente público y estatizado en casi todas sus funciones.

En criterio de Carmen Eugenia Dávila, las experiencias con los fondos pagadores públicos en el país no son buenas, pues estos también tienen sus ciclos y hay mucho mayor riesgo de corrupción en el manejo de los recursos.

“Claro, todos los recursos que tenemos son fiscales y parafiscales, son de todos los colombianos, pero esa no es una razón para que todo tenga que manejarse a través del Estado. En años anteriores, los recursos manejados en ciertos componentes por el Estado han desembocado en historias complejas”, planteó.

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Insistió en que el debate que se está dando no es porque ellos pertenezcan al gremio de las EPS, que es el que podría desaparecer con la reforma propuesta por el Gobierno, sino porque es un sentir general, toda vez que lo que se está poniendo en riesgo es a la población.

“Se va a poner en riesgo la salud y este es un tema que nos involucra a todos. Aquí el tema ideológico no cabe. El asunto es que un borrón y cuenta nueva es el peor de los escenarios al que nos podemos enfrentar”, reiteró.

El rol de las EPS

Tras hacer un análisis no solo del proyecto que lidera la ministra Corcho, sino de los que se han ido presentando por parte de los diferentes partidos políticos, Gestarsalud destacó que hay un común denominador, salvo en la propuesta del Gobierno, y es que sí existe una necesidad de contar con las EPS o quien haga sus veces.

“Al comienzo del debate sobre la reforma se interpretó la labor de las EPS como de simple intermediación financiera, afirmando que su eliminación no sería traumática. La realidad es tozuda y el texto mismo de la reforma presentada por el Gobierno termina por reconocer, tácitamente, la importancia del rol de las EPS”, dice Dávila.

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En ese sentido, recordó que el papel de las EPS es manejar el riesgo financiero y de salud, y organizar toda la red, y que si bien hay aspectos por mejorar y problemas de oportunidad, muchos de ellos derivados de la falta de talento humano, una de las fortalezas del sistema actual colombiano es la libre elección y el paquete de beneficios que es igual para todos, sin importar la condición económica, aspecto por el cual es reconocido el país.

“Nuestro sistema es considerado uno de los más solidarios por ese esquema tan sencillo y eso se acaba con la reforma a la salud”, advirtió Dávila.

Lo que piden tener en cuenta

A partir del análisis que Gestarsalud ha hecho de los diferentes proyectos de reforma presentados, el gremio decidió poner énfasis en una serie de aspectos que, aseguran, no han sido tenidos en cuenta y es necesario considerar. Estos son:

1. Ningún sistema de salud en el mundo puede garantizar la cobertura sin límites ya que los recursos son finitos. Generar la expectativa de protección al derecho a la salud sin límites y sin ninguna condición de sostenibilidad financiera es una promesa incumplible.

2. Es importante fomentar nuevos modelos de prestación de servicios con equipos interdisciplinarios con alto nivel de resolutividad y efectividad que permitan optimizar los recursos disponibles.

3. Hay un problema estructural en la capacidad técnica de las entidades territoriales para ejercer las actividades de promoción y prevención.

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