Todo el tire y afloje que ha habido detrás de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es simplemente una cuestión de formas diplomáticas.

El Gobierno, inicialmente reacio a la visita (la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo en un primer momento que había que dejar actuar a las autoridades colombianas primero), finalmente la terminó aceptando, aunque con la condición de que se escuchara a los funcionarios de los organismos de control y a los colombianos afectados por los bloqueos y las marchas.

El pasado jueves, un grupo de miembros del Centro Democrático estuvo en Washington tratando de llevar a la Comisión la voz de lo que ellos consideran son los otros afectados del paro nacional, mientras que los miembros del Comité de Paro tienen ya listo un documento con el que pretenden demostrarle al organismo que el Gobierno, con su negativa a acordar unas condiciones de seguridad para los manifestantes, está violando también los derechos humanos.

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¿Por qué esta visita, que se llevará a cabo a partir de mañana  despierta tantas expectativas? 

Si bien las decisiones de ese organismo no son obligatorias ni la visita en sí misma puede llevar a una condena para Colombia, no por eso su significado a nivel diplomático es menos importante.

Según Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, la visita de la Comisión va a terminar en un pronunciamiento que así no sea favorable para el Gobierno, debe acatarlo.

“Ese informe es vital en la legitimidad del Estado colombiano frente a la comunidad internacional. Colombia ha sido un Estado muy respetuoso del sistema interamericano. Salvo en los ocho años de Uribe, ha tenido muy buenas relaciones con las oficinas de Derechos Humanos. Lo que diga el grupo de trabajo va a ser vital en esa relación que ha estado muy maltratada”, afirma.

Jorge Iván Cuervo, profesor del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia, añade que bien aprovechada, la visita de la Comisión podría contribuir al diálogo entre las partes.

“La CIDH tiene unos protocolos de recolección de información sobre lo que ha pasado. En este momento hay mucha discusión sobre las cifras de los muertos y desaparecidos, allí la comisión puede dictar el protocolo para considerar a una persona desaparecida. Además puede dejar recomendaciones muy puntuales para el protocolo del uso de la fuerza, ellos tienen varios documentos en donde explican cómo se debe proceder en esos casos  y arrancarle compromisos al Estado en ese sentido”, afirma.

Y en eso coincide, Jaramillo: el informe de la Comisión “crea transparencia en hechos donde no los hay, en Colombia el Estado dice que ha habido casos aislados en el uso de la fuerza, no hay sistematicidad y lo que ha dicho la oposición es que sí hay. Eso la comisión lo puede determinar”.

¿Qué pasa si el Estado desconoce el informe?

El problema de la visita, según explican los analistas, es que concluya con un pronunciamiento que no le guste al gobierno colombiano. De ser así, va a ser muy importante la forma como la administración de Iván Duque reaccione a sus hallazgos.

Según Cuervo, luego de la visita, el Estado colombiano tiene que actuar con mucha cautela.

“Parece que en la reunión de la canciller con funcionarios del gobierno de Estados Unidos una cosa que le hicieron ver es que ese gobierno apoya a la CIDH y si sale un documento duro será tenido en cuenta en el Departamento de Estado por ejemplo para el tema de ayuda a la Policía. Entonces si el gobierno descalifica a la CIDH va a tener un efecto en la relación con Estados Unidos”, dice.

El experto indica que el objetivo de Colombia es no ser comparada con Cuba, Nicaragua o Venezuela. “Si el informe es muy fuerte Colombia quedaría muy mal ante la comunidad internacional lo que podría tener implicaciones de reducir ayuda a la policía, quitar el apoyo del Esmad, en Europa son bastante sensibles y el tema incluso podría escalar a las Naciones Unidas en un momento determinado”, añade.

Según cuenta, en situaciones muy extremas la OEA puede realizar una reunión en el consejo permanente para estudiar la situación de derechos humanos de Colombia “lo que sería algo que al gobierno colombiano le dolería muchísimo pues implica un señalamiento directo”.

Aunque la comisión, por su propia cuenta, no podría iniciar investigaciones, como por ejemplo sobre casos de desaparición o por la muerte de jóvenes durante la protesta, sí podría proponerle al Estado colombiano la creación de un mecanismo de seguimiento y verificación, que mantenga su acompañamiento de una manera más permanente.

Para Jaramillo Jassir, es importante que en la visita el Estado colombiano demuestre que sus organismos de control funcionan de manera independiente, es decir, que la Procuraduría está en capacidad de determinar responsabilidades disciplinarias y la Fiscalía de investigar a cualquiera que sea responsable de cometer delitos en el marco del paro.

“Demostrar que es suficientemente robusta la administración de justicia para que no haya impunidad en los casos de violaciones de Derechos Humanos. Que el Estado no responda con el discurso típico de que este es un informe injerencista o que hay una conspiración”, añade.

La situación de Colombia no ha sido ajena para la CIDH desde hace muchos años, por lo que muchos temas han llegado a su estudio, provocando pronunciamientos muy fuertes contra las autoridades colombianas.