En medio de la controversia generada por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro, por la presunta vulneración al régimen de financiación tanto en la primera como en la segunda vuelta, el debate se ha centrado ahora en si podía o no el tribunal electoral vincular al proceso al jefe de Estado, en calidad de candidato.
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Como se conoció el martes, el CNE, en una votación de 7 a 2, determinó que la campaña Petro presidente incurrió en presuntas irregularidades al superar los $5.000 millones en gastos no reportados.
Entre los señalamientos se encuentran omisiones en los reportes por concepto de aportes de organizaciones como Fecode y la Unión Sindical Obrera, el pago a testigos electorales, viajes, publicidad, entre otros.
Al respecto, el presidente del organismo electoral, César Lorduy, explicó que el proceso que adelantan se limitará a una investigación administrativa, que podría culminar en una sanción económica y negó que la misma tenga la capacidad de destituir al mandatario.
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No obstante, el presidente Petro ha insistido en que la decisión adoptada por el CNE es el inicio del golpe de Estado en contra de su gobierno y que con ella se ha roto el “fuero integral del presidente de la República”.
“El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento”, expresó el jefe de Estado durante una alocución, el martes en la noche.
¿Es ilegal la decisión?
Distintos sectores advierten que lo dicho por el presidente no corresponde a la realidad, pues de lo que se trata es de una investigación que solo tiene un carácter administrativo y que de por medio no hay un juicio político.
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“El CNE no está investigando al presidente en su calidad de jefe de Estado, sino a su campaña como candidato en 2022”, explicó el consultor y analista político Germán González, quien resaltó que la Constitución y las leyes colombianas otorgan al tribunal electoral la facultad de supervisar y sancionar violaciones electorales, incluidas las de campañas ganadoras, siempre que las sanciones sean administrativas.
Sobre la presunta ruptura del fuero presidencial, el analista explicó que este escenario no se configura en el caso de la investigación del CNE, pues dicha figura protege al mandatario en el ejercicio de ciertas investigaciones judiciales, pero no lo excluye de investigaciones relacionadas con su campaña electoral.
González recordó también que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado determinaron que el CNE puede sancionar las campañas de presidentes sin afectar su investidura, siempre que la investigación se limite a la campaña y no al presidente como jefe de Estado.
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Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), coincidió en que el Consejo Nacional Electoral tiene competencia exclusiva para investigar cualquier tipo de campaña, incluida la presidencial.
“De acuerdo con la Ley 996 del 2015 y la Ley 1475, el CNE no solo está llamado a responder administrativamente en caso de un eventual sobrepaso de los topes de campaña, sino que también debe investigar al candidato, al gerente, al tesorero y al auditor de la campaña”, sostuvo.
Asimismo, recalcó, como lo hizo Germán González, que la apertura de la investigación que se conoció esta semana es solo administrativa y que con ella lo que se deberá revisar es la presunta violación de los topes electorales y no implica una injerencia en el ámbito penal, que es competencia del Congreso y particularmente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
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El presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia dijo que la situación actual debe ser vista en el contexto de las competencias que tiene el CNE y resaltó que “lo que preocupa es el tono que utiliza el presidente para referirse a la institucionalidad”.
“Las palabras incendiarias del presidente ponen en combustión toda la institución”, dijo Herrera tras hacer hincapié en que el mandatario debe respetar la institucionalidad.
El senador Humberto de la Calle, quien participó en la Constituyente de 1991, también hizo un llamado a la calma, pues aseguró que es más que un hecho que el CNE no puede despojar de su investidura al presidente Gustavo Petro.
“Este órgano está habilitado para investigar todas las campañas. Todo eso está resuelto. Lo no resuelto es: ¿investigar la campaña es investigar al presidente? Cuando baje la marea veremos que la propia ley decidió establecer una solidaridad de responsabilidad entre el candidato y los directivos de la campaña”, señaló.
Respaldo del gabinete
Y mientras el país sigue expectante por el llamado que desde el martes comenzó a hacer el presidente a la movilización y a asambleas permanentes para defender los resultados de la elección del 2022, los ministros que acompañan a Gustavo Petro decidieron rodearlo.
Por medio de un comunicado, los ministros y altos directivos del Gobierno calificaron la decisión del Consejo Nacional Electoral como “un hecho que puede traer graves consecuencias a los principios democráticos que protegen la función presidencial y el Estado de Derecho”.
“La decisión de ayer (martes) es contraria a la jurisprudencia constitucional, lo que evidencia la pérdida de objetividad e imparcialidad por parte de los magistrados del CNE. Aunque estos hechos buscan bloquear el avance de las políticas públicas y las reformas sociales que impulsa el gobierno elegido popularmente, nosotros seguiremos trabajando por el cambio”, dice el comunicado.
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