Los magistrados decidieron votar positiva la ponencia de Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes consideraron que había evidencias fácticas para investigar la contienda política, de la cual fue gerente el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.
Los magistrados consideraron que la contienda de 2022, que llevó a Gustavo Petro a Palacio de Gobierno, vulneró los topes electorales y se pasaron más de $5 mil millones, razón por la cual los implicados en la campaña deberán dar las explicaciones pertinentes ante el Consejo Nacional Electoral.
“Resolución por medio de la cual se abre investigación se formulan cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico”, decía la ponencia de los magistrados que han sido cercanos al Partido Liberal y al Centro Democrático y que fue aprobada por la sala plena.
Conozca: Petro gana la primera batalla en el CNE: archivan investigación por evento de la ‘P’ en Barranquilla
En el documento se dallaron los aportes que recibió la campaña y que no fueron reportados como lo deben hacer las contiendas ante el mismo Consejo Nacional Electoral, que regula los topes económicos de las agrupaciones políticas. El consolidado preliminar del informe señala que el Pacto Histórico, coalición de izquierda que apoyó a Gustavo Petro en la contienda política, omitió reportar gastos superiores a los $3.861.201.833 tanto en primera como en segunda vuelta.
El informe detalles que así ingresaron los dineros sin reportar: Fecode aportó $500 millones los cuales no se reportaron. El Polo Democrático ‘inyectó’ otros $500 millones, la Unión Sindical Obrera, USO, $121.544.000, se omitieron los pagos de aviación por 1.249.793.230. Además, el Consejo Nacional Electoral considera que no se reportó el pago desde la campaña al Senado 2022 del Pacto Histórico por $202.471.731.
Pero las inconsistencias que consideran hubo los magistrados también están relacionadas con una factura electrónica de propaganda electrónica por $356.102.872 y la omisión de pagos a testigos electorales por $931.290.000.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
