En un giro significativo, la Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación contra Ana Fabiola Castro, exdirectora de asuntos internacionales de la entidad, y Javier Cárdenas, investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Ambos eran acusados de supuestamente ocultar información que detuvo la extradición a Estados Unidos de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como alias ‘Jesús Santrich’.
En marzo de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Fiscalía General que investigara las acciones de exfuncionarios de la entidad, relacionadas con la garantía de no extradición otorgada a Santrich en mayo de 2019. El magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, expresó que las supuestas irregularidades de Castro afectaron la credibilidad tanto en la JEP como en el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
El fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia determinó que no se cometieron los delitos imputados a Castro, tales como fraude a resolución judicial y ocultamiento de pruebas. La Fiscalía argumentó que Ana Fabiola Castro no tenía la autoridad legal para iniciar un proceso de asistencia judicial con Estados Unidos, una tarea que le corresponde al Ministerio de Justicia a través de mecanismos diplomáticos, y no mediante una orden directa de la Fiscalía General de la Nación.
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Según la Fiscalía, Ana Fabiola Castro cumplió con todos los requerimientos establecidos por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP y la Corte Constitucional, basándose en el material disponible en el expediente de extradición. Del mismo modo, Javier Eduardo Cárdenas Parra, investigador del CTI, dio curso al requerimiento de la JEP en octubre de 2018.
El cierre de esta investigación es un paso relevante en el complejo entramado judicial que rodea a figuras clave del proceso de paz en Colombia. La decisión de la Fiscalía puede influir en la percepción pública sobre la independencia y la transparencia de las instituciones judiciales en el manejo de casos de alto perfil.
Esta resolución también plantea interrogantes sobre la coordinación entre distintas entidades del Estado en temas delicados como la extradición y la cooperación judicial internacional, subrayando la importancia de los procedimientos legales y diplomáticos en el ámbito de la justicia.
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