“Pensábamos que nos iban a matar”, es la primera frase que relata uno de los escoltas que acompañaba el esquema de seguridad ordenado por la Unidad Nacional de Protección para cuidar a los disidentes de las Farc del Magdalena Medio, mientras se desarrollaron durante más de 10 días mesas de negociación con altos funcionarios del Gobierno, pero exceptuando una orden de captura vigente a uno de los miembros más peligrosos de la guerrilla.

Los escoltas relataron cómo fueron los momentos de tensión cuando un grupo de uniformados del Ejército los detuvo y les apuntó a la caravana de más de siete camionetas con fusiles largos. Aseguran que todo el operativo fue ordenado con absoluta reserva por parte de la UNP desde Bogotá y agregan que nunca les dieron listados de nombres ni la identidad concreta de las personas a las que estaban escoltando.

“Nos dijeron que nos presentáramos en Bogotá, luego nos delegaron unas misiones y ahora ni siquiera nos quieren pagar los viáticos. Ellos nos dieron armamento, nos asignaron todos los elementos y los vehículos el mismo día cuando nos citaron. Nos asignaron a una comisión de paz, un colectivo. Eso es el desplazamiento, el acompañamiento, todo, la labor de nosotros como tal”, dijo uno de los líderes de los esquemas que habló con este periódico.

Explicó que pudo haber ocurrido una tragedia cuando los detuvieron porque ellos están comisionados oficialmente por la UNP y están armados. “Estuvieron reunidos varios días en una mesa de negociación, estuvimos también detrás de caminos de esperanza en Bogotá, primero, y luego nos comisionaron a Medellín. Ellos se mueven libremente por el territorio nacional, todos los formatos están diligenciados”, señaló el escolta.

También agregó que les dijeron que se trataba de la protección a un colectivo en un plan de emergencia. Cuando se dieron cuenta de que era una comisión de paz supieron a quiénes estaban trasladando y protegiendo, pero desde la UNP nunca hubo un listado preciso de nombres y tampoco información sobre órdenes de captura vigentes, como en el caso de alias Firu, lo que pudo haber puesto en peligro incluso la vida de los escoltas, funcionarios del Gobierno y los otros negociadores de las disidencias.

Le puede interesar: Servicio Secreto: intento de asesinato contra Trump es “mayor fallo operativo en décadas”

La caravana fue detenida en Cisneros, Antioquia, y el gobernador Andrés Julián Rendón inmediatamente alertó que los integrantes de los vehículos no querían bajarse. Se trató de un operativo del Ejército, la Policía y agentes de la Fiscalía que paró a las camionetas junto a una más con emblemas de la Organización de los Estados Americanos. Los soldados apuntaron a los carros y los escoltas empezaron a comunicarse con sus superiores para informar la situación. Una vez se coordinó el traslado del esquema con presencia de motorizados del Ejército, fue capturado alias Firu. Se trata de Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo o Firu, comandante del frente 36 del Estado Mayor Central, señalado de cometer ocho delitos.

“Todas las órdenes nos las dieron directamente desde la UNP, el señor Rafael Borda que coordina este tipo de esquemas, pero también había una señora Milena de Presidencia a la que debíamos entregarle información. Nosotros no hemos manejado los detalles de quiénes eran, ni cuáles eran sus nombres, ni absolutamente nada. Hoy todavía no sabemos cómo se llaman”, aseguraron.

Lo más importante es que el escolta afirmó que este esquema fue coordinado por la UNP y el Gobierno durante más de diez días y estuvieron, no solamente en el departamento de Antioquia, sino en Bogotá.

“La situación de nosotros es crítica, pensábamos que nos iban a matar. Uniformados del Ejército con pasamontañas, policías de civil, todo el mundo armado. Me tocó a mí bajarme, levanté las manos y les informé que éramos de la Unidad Nacional de Protección. Llegaron a la ofensiva contra nosotros y somos personal armado; pudimos haber reaccionado de otra manera. Nosotros no somos delincuentes, estamos obedeciendo órdenes al mismo Estado”, concluyó el hombre de protección.

Lea además: Empresarios de Norte de Santander bajo amenaza de extorsión

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dijo temprano en la mañana que si había elementos o personas transportadas indebidamente en los vehículos, los escoltas debían responder.

Sin embargo, no ha quedado claro por qué el Gobierno ordenó proteger con camionetas y recursos oficiales a un miembro de las disidencias de las Farc con orden de captura vigente que estaba desarrollando una negociación de paz. La Fiscalía había ordenado hace seis días la suspensión de las capturas contra algunos de los integrantes de las disidencias, pero no para el caso de Orrego Arango.

“A nosotros nos escoltaba Policía de carreteras, pero esa forma en la que hicieron el operativo hubiera sido para una tragedia mayor”, dijo el escolta. Por ahora continúan las diligencias de captura en contra de alias Firu. El gobernador asegura que los delitos por parte de las disidencias han generado un aumento del crimen en el departamento y ha pedido de manera reiterada que se suspenda el cese al fuego y continúen las operaciones ofensivas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion