Mientras el presidente de la República, Gustavo Petro, firmaba ayer, en Tibú, el Pacto Social por el Catatumbo, la estrategia mediante la cual su gobierno promete transformar, por fin, esta golpeada subregión de Norte de Santander, un nuevo decreto expedido en el marco de la Conmoción Interior comenzaba a generar ruido.

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Se trata del 0253, por medio del cual se crea una comisión intersectorial que estará encargada de coordinar y orientar las acciones que pongan en marcha las diferentes entidades del Gobierno en los municipios del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y el sur del Cesar amparados con la medida de excepción, y  de la que harán parte los alcaldes y los gobernadores de ambos departamentos. 

Su misión será, también, apoyar los procesos de planificación de las estrategias o actividades necesarias para la atención integral de las comunidades.

Lo particular es que en dicho decreto quedó consignado que si bien los gobernantes tendrán un asiento como invitados, estos serán unos simples convidados de piedra en esta instancia, pues a pesar de que han sido los encargados de hacerle frente a la difícil situación que se desató a mediados de enero, con la declaratoria de guerra por parte del Eln a la disidencia de las Farc, no tendrán derecho a tomar ninguna decisión que genere un impacto directo sobre sus municipios y comunidades.

“Serán invitados permanentes con voz, pero sin voto, los siguientes: los (las) alcaldes (as) de los municipios de la región del Catatumbo, área metropolitana de Cúcuta, Río de Oro y González. Los (las) gobernadores (as) del Cesar y Norte de Santander (sic)”, dice el documento.

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Esto, a pesar de que la medida adoptada por el Gobierno contempla que una de las funciones de la comisión intersectorial es definir un plan de acción de forma conjunta con las autoridades y entidades territoriales que permita “corregir y evaluar cíclicamente” las decisiones que se adopten para atender la grave situación de orden público en la región.

Curiosamente, el decreto también señala que los integrantes de este grupo deberán orientar la definición de estrategias de participación y acción en el territorio que contribuyan con la adopción de medidas de corto, mediano y largo plazo por parte de las respectivas entidades, como parte del seguimiento a las acciones emprendidas.

Es por esta razón que el desconcierto es total, por cuanto lo que se esperaba es que los gobernantes locales, quienes conocen de primera mano la situación en sus territorios, tuvieran una participación mucho más activa en la planificación y ejecución de las medidas a tomar como parte de la Conmoción decretada.

Sin embargo, la directriz adoptada por el equipo de gobierno es que los mandatarios estén presentes como invitados en las sesiones que tendrán lugar una vez al mes y de manera extraordinaria en caso de ser necesario, pero sin ninguna posibilidad de decidir sobre lo que allí se discuta o adopte.

¿Quiénes la integrarán?

En la comisión intersectorial los que tendrán el poder de deliberar serán los ministros, encabezados por el del Interior. También participarán los directores de Planeación Nacional, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Función Pública, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el ICBF, la Consejería para las Regiones y el comisionado de Paz, quienes podrán designar delegados en caso de no poder asistir personalmente. Los únicos que quedaron por fuera son los ministros de Cultura, Ciencia y Deporte.

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Esta comisión contará, además, con unos comités técnicos y jurídicos que tendrán un líder designado, el cual deberá diseñar un plan de trabajo con un cronograma de acciones a desarrollar.

“Las entidades líderes de cada comité podrán convocar a las demás entidades y sectores del Gobierno nacional que consideren pertinentes para desarrollar el plan de trabajo”, dice  el decreto en uno de sus artículos, pero allí tampoco se le da protagonismo al papel que puedan cumplir los gobernadores de Norte de Santander y Cesar, o los alcaldes de los municipios en Conmoción.

De ahí la crítica que ayer mismo hizo el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, quien consideró que nada le costaba al Gobierno nacional legitimar este espacio con el voto de un representante de los alcaldes y uno de los gobernadores.

Los mandatarios locales y regionales por ahora no se pronuncian sobre el nuevo decreto expedido por el presidente y sus ministros, y en el que sorpresivamente se les restringe de manera significativa su injerencia en las decisiones que tienen un impacto directo en los municipios y departamentos que administran.

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