El Gobierno de Gustavo Petro radicó este martes en la Comisión Primera del Senado de la República el proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria, el cual establece las competencias y los procedimientos para que jueces y magistrados puedan resolver, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales en el país.

La iniciativa fue radicada por los ministros de Justicia, Ángela María Buitrago; Agricultura, Martha Carvajalino, e Interior, Juan Fernando Cristo. Según el ministro de la política, quien se declaró satisfecho porque sea el primer proyecto radicado por el Ejecutivo en esta legislatura, el proyecto es el símbolo del compromiso del Gobierno con la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“Interpreta y representa cabalmente el compromiso del Gobierno del presidente Petro con el campo colombiano, con la reforma rural y la reforma agraria, como elemento fundamental e indispensable para avanzar en el propósito de lograr una mayor igualdad en la sociedad y cerrar las brechas entre el campo colombiano y los centros urbanos del país”, manifestó Cristo.

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Durante el evento de radicación, que contó también con la participación de la bancada de Comunes –partido nacido de lo pactado en La Habana (Cuba)–, así como del exjefe negociador y hoy senador Humberto de la Calle, el ministro Cristo destacó que el Congreso ya aprobó el acto legislativo y luego la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, por lo que este proyecto cierra el ciclo

“La idea es que podamos tener el año entrante en Colombia jueces agrarios. Parece mentira que no los hayamos tenido después de tantos años de conflicto. Es un gran avance que haya un procedimiento para que los jueces puedan resolver los conflictos de tantas décadas en el campo colombiano. Hacer justicia con el campesino significa y debe ser motivo de satisfacción”, precisó.

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Cristo explicó que el proyecto fue socializado y se buscó la “mayor concertación posible” con las bancadas, así como se ha hecho con iniciativas como la reforma laboral, la reforma a la salud o la ya aprobada reforma pensional. Lo anterior, en el marco del acuerdo nacional que busca el Ejecutivo.

“No es cierta aquella afirmación de la oposición, que durante meses se ha dedicado a plantear que en este Gobierno no avanzan las reformas en el Congreso porque quiere imponer su visión y solo su visión de los proyectos”, indicó el ministro, quien instó al Parlamento a abordar el tema de manera rápida, insistiendo en que es crucial para la implementación del Acuerdo y para el campo colombiano.

“Esta ley hace parte del plan de choque del Gobierno Nacional para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en la segunda mitad del mandato. Es una intervención integral de los territorios y para su transformación. Sin eso, no vamos a lograr nunca la paz y vamos a seguir condenándonos al reciclaje de las violencias en esas mismas regiones que son las que han padecido el conflicto”, precisó.

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A su turno, la ministra de Justicia destacó que este proyecto hace realidad una deuda histórica: “Hay que acercar la justicia al territorio y sobre todo, a esos territorios olvidados donde el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema han participado”.

De acuerdo con Buitrago, la iniciativa va a unir el derecho a una justicia agraria con el derecho a la dignidad y a la vida digna de los campesinos, las etnias y los grupos vulnerables. “Estamos dando herramientas judiciales. Aquí no va a haber una herramienta diferente. Implica tener acceso a la justicia e ir ante un juez que va a resolver el conflicto. Vamos a evitar los conflictos resueltos de manera violenta. El campesino va a generar un derecho directo en sus poblaciones a estos jueces para lograr obtener lo que por tantos años fue objeto de despojo de manera violenta”.

Buitrago advirtió que “de nada sirve” la ley estatutaria y la reforma agraria que ya aprobó el Congreso “si no hay una ley procesal que materialice esos derechos y haga fácil el camino para la materialización”.

Finalmente, la ministra de Agricultura manifestó, por su parte, que este proyecto es una apuesta del Gobierno por hacer justicia en el campo. “No solo le estamos cumpliendo al Acuerdo de Paz, estamos cumpliendo un anhelo del pueblo colombiano de más de 90 años porque sean jueces de la República los que permitan hacer tránsito a los conflictos de la tierra”.

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