Los ánimos políticos esta semana se agitaron por cuenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que luego de meses de discusión decidió abrir investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022, un asunto que eventualmente podría terminar en el escenario del Congreso de la República.

Y es allí, en la Cámara de Representantes, en donde según el presidente, Gustavo Petro, se pretendería hacer un juicio en su contra por indignidad como argumento y con pruebas falsas, de manera que sería juzgado por un grupo de congresistas, lo que abriría el camino para sacarlo de la Presidencia de la República.

Sin embargo, el escenario apocalíptico que planteó el mandatario, respecto de la Comisión de Acusaciones, es en parte equivocado. Son varias las razones. Por un lado, en este momento esa célula legislativa está integrada por mayorías que favorecerían al Jefe del Estado, en la eventualidad del trámite del juicio que él presume se haría.

Pero lo principal es que por delante de esa hipotética investigación están en trámite varias demandas contra el mandatario nacional, en esa misma Comisión, la mayoría tramitadas por la oposición y entre las que se encuentra aquella que vincula a su campaña con dineros de dudosa procedencia.

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En razón a este escenario es que Petro le solicitó, por intermedio de sus abogados, a la Comisión de Acusaciones que hagan público toda la documentación que se tiene en estudio, al advertir que en el expediente hay 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y tres inspecciones judiciales.

Hasta el mes pasado, en esa célula legislativa había 81 expedientes activos contra el mandatario por diferentes motivos y para los cuales están asignados los representantes investigadores Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Gloria Elena Arizabaleta Corral, Alirio Uribe Muñoz, Katherine Miranda, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, Wadith Alberto Manzur y Juan Carlos Wills Ospina, de ellos más de la mitad son cercanos al mandatario.

De acuerdo con la Secretaría de la Comisión, aún está pendiente por asignar a los representantes investigadores a siete de esos 81 expedientes que se tienen contra Petro.

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Con respecto a la investigación que se adelanta por la violación de topes de campaña, similar al caso que estudia el CNE ya de manera oficial y que ha suscitado toda la controversia esta semana, el proceso está en manos de los representantes Alirio Uribe, del Pacto Histórico; Gloria Arizabaleta, de la misma colectividad; y Wilmer Carrillo, del Partido de La U.

Este proceso, que es el de mayor atención en la Comisión, está relativamente quieto porque de por medio estuvo la petición de los investigadores al CNE para que les entregara el proceso, porque en su concepto la autoridad electoral no era la competente para investigar al Presidente de la República, incluso en casos de la financiación de la campaña. Se tuvo que esperar hasta que el Consejo de Estado se pronunciara y determinara que el CNE sí es competente para seguir con esa investigación.

En este escenario, la indagación por la violación de los topes de campaña no alcanzaría a estar terminada para que se haga el juicio político en la Comisión de Acusaciones, antes de que termine el gobierno de Petro en agosto de 2026. Además, pesa que los representantes de esa célula legislativa no tendrían interés de que avance el proceso.

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Por ejemplo, ante la petición del Presidente de hacer público el expediente de la investigación, eso llevará a que se tomen varias semanas en el estudio de la solicitud.

En los reportes de la Secretaría de la Comisión se da cuenta de que los expedientes más relevantes contra Petro están identificados con los casos 6178, 6209, 6210, 6211 y 6212 y le correspondieron a los representantes investigadores Olga Lucía Velásquez Nieto, Alirio Uribe Muñoz y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza; mientras que el caso central de los recursos de la campaña tiene el radicado 5914, asignado a los mismos representantes Uribe, Arizabaleta y Carrillo.

Este proceso se fundamenta en el presunto lavado de activos, que en concepto de su denunciante, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, se habría dado en la campaña.

Los tres representantes investigadores además sumaron a este caso otras denuncias en las que están las conversaciones entre el actual embajador ante la FAO, Armando Benedetti, y Laura Sarabia, directora del Dapre, sobre la consecución de dineros en la costa Caribe, sus respectivos aportantes y las cantidades de dinero entregadas para ese entonces.

Por ahora los tres representantes investigadores han practicado pruebas testimoniales a Alfonso del Cristo 'El Turco' Hilsaca Elajdue; Santa Lopesierra, conocido como el "Hombre Marlboro"; Ricardo Roa, gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol; Euclides Torres, empresario de la costa Caribe; y Dagoberto Quiroga.

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