Al cumplirse los primeros dos años de los cuatro que tendrá Gustavo Petro como presidente de Colombia, su compañera de fórmula, la vicepresidente de la República, Francia Márquez Mina, también presenta el balance de la gestión que ha realizado en este tiempo tanto en ese cargo como en el de ministra de la Equidad.

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Márquez sostiene que “a medio camino y frente a una narrativa cargada de animadversión por parte de sectores de oposición, el esfuerzo muestra sus frutos y la labor en favor de las regiones y poblaciones más marginadas y excluidas de nuestro país se hace palpable con avances y logros en temas fundamentales en inclusión, igualdad, oportunidades para todos, mejor educación, mejor infraestructura en salud, en fin, en mejor calidad de vida para los colombianos”.

Entre los principales logros y avances, la vicepresidenta destaca que por medio del programa “Transformemos a través de Educación con Justicia Social”, se logró la vinculación de 9.232 personas: 4.667 en virtualidad y 4.565 presencial, con énfasis en población étnica y territorios excluidos.

En cuanto a los asuntos poblacionales y Estratégicos de la Vicepresidencia se brindó acompañamiento para la reglamentación de la Ley 2158 de 2021 o Ley del Biche/Viche, se logró la conciliación del texto final del proyecto de decreto integral reglamentario con los ministerios y entidades con responsabilidades en la Ley y en la primera semana de agosto se logró realizar la consulta previa en Timbiquí, Quibdó, Tumaco y Buenaventura con la participación de 600 personas productoras y transformadoras del Viche.

Se ha impulsado junto a la Agencia Nacional de Tierras la compra de 25 predios para dar respuesta a las aspiraciones territoriales de comunidades en el Cauca, entre ellos un acuerdo de distribución de tierras de la finca Canaima entre los pueblos indígenas y afrodescendientes con pretensiones territoriales.

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También la Vicepresidencia logró que el Ministerio de Educación recibiera los recursos para avanzar en la adquisición de un lote para la creación de la sede universitaria de Suárez, Cauca, con una inversión que asciende a $52.000 millones.

Márquez Mina resalta además que se ha apoyado la concertación de importantes compromisos con entidades del Gobierno Nacional en favor del Cauca como la construcción de la plaza de mercado en el municipio de Puerto Tejada, con una inversión aproximada de $17.000 millones; la realización de un proyecto de empoderamiento productivos para 500 mujeres del Norte del Cauca, con una inversión aproximada de $3.000 millones; la construcción de tres casas de saberes ancestrales (Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao) por parte del Ministerio de Cultura.

En el balance entregado se indica “la coordinación interinstitucional con los ministerios de Minas, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Interior e Igualdad y Equidad, se promulgaron los decretos 1384 y 1396 de 2023, que reglamentan los capítulos IV y V de la Ley 70 de 1993, el más importante instrumento normativo de protección de los derechos de las personas y comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales. El primer decreto dispone
oportunidades de desarrollo a través del aprovechamiento forestal, la protección, el cuidado y la conservación de los recursos naturales renovables y del ambiente, y el segundo adopta mecanismos especiales para el fomento y desarrollo de las actividades mineras en los territorios colectivos”.

Un punto más es el seguimiento al cumplimiento del acuerdo del paro cívico de Buenaventura, en los cuales están entre otros compromisos la ejecución el contrato para el mantenimiento del canal de acceso a la bahía de Buenaventura, por valor de $ 23.000 millones; el Ministerio de Salud asignó más de $21.386 millones en la vigencia 2023 para el saneamiento de los pasivos del hospital distrital ‘Luis Ablanque de la Plata’, $577 millones para adecuaciones y $856 millones en un proyecto de dotación. Se prepara un segundo proyecto de dotación por valor aproximado de $3.100 millones.

“Gracias a las gestiones de la Vicepresidencia, se impulsó el proyecto de interconexión Vigía del Fuerte – Bojayá, mediante la aprobación firmada de los alcaldes y la operación por parte de la Empresa Distribuidora del Pacífico. Esta inversión se estima en $12.000 millones. Para la vigencia 2023-2024 se destacan tres obras de acueducto en Tumaco (Nariño) por un valor de $94.063 millones, que beneficiará a 79.757 habitantes, así como la entrega de un vehículo compactador para el servicio de aseo y la construcción del viaducto en el puente El Pindo, por valor de $3.997 millones, que beneficiará a 102.484 habitantes”, dice el reporte del balance en otro de sus apartes.

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Con respecto al capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, desde la Vicepresidencia se señaló que se en el compromiso a cargo de la Agencia Nacional de Tierras asociado al número de hectáreas formalizadas a 2024 se encuentra cumplida que tiene una meta de formalización de 244.195 hectáreas fue superada.

Un aspecto más las dos visitas estratégicas y de alto nivel al continente africano de la vicepresidente de la República. “En la primera se suscribieron 18 instrumentos de cooperación con Sudáfrica, Kenia y Etiopía en sectores los sectores clave (comercio, cultura y educación). En la segunda, su participación significó que Colombia fuera el único país latinoamericano que participó en la Cumbre Africana por el Clima. El operador Ethiopian Airlines obtuvo la autorización por parte de la Aeronáutica Civil para la explotación de servicios aéreos internacionales de carga, para operar desde y hacia Colombia en el Aeropuerto El Dorado de
Bogotá. Se trata de la aerolínea más grande del continente africano y esta alianza permitirá que los productos colombianos lleguen a África en tan solo un día”.

En cuanto a la Política Pública de Discapacidad, se informa que se vincularon al sector público a más de 973 trabajadores con discapacidad, gracias a la directiva 05 del 25 de agosto de 2023 que diligenció la Vicepresidencia, se gestionó que, por primera vez en 21 años, el Programa Computadores para Educar asignara el 5% de sus computadores a estudiantes con discapacidad; avanzaron en la construcción participativa de la nueva Política Pública Nacional de Discapacidad, recogiendo en 15 departamentos los aportes de la ciudadanía, avances que están ahora a cargo de la Dirección para la Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Frente a la política pública dirigida a poblaciones diversas LGBTIQ+, se ha trabajado en Política Pública Nacional de ese sector estableciendo una hoja de ruta con acciones para reducir las brechas de desigualdad e inequidad, se trabajó en el proyecto de decreto para creación de la Comisión Intersectorial de la Política Pública para la Garantía del Ejercicio Efectivo de los Derechos de las Personas LGBTI y de otras Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas, así como en el proyecto de reglamentación del mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación, se estructuró el Programa Mujer Diversa, en coordinación con el Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia y la Cámara de Diversidad.

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